¡Por un salario digno! ¡Por la defensa de los derechos de los trabajadores frente a las políticas de los capitalistas y el gobierno!

La crisis del sistema capitalista a nivel mundial está agravando aún más el colapso que sufre la economía venezolana desde 2015. Este colapso ha deteriorado dramáticamente las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, desplomando los salarios a niveles insostenibles e incrementando brutalmente la precariedad, la explotación y la economía informal.

Los salarios más bajos y los precios más altos de Latinoamérica

Aunque el gobierno de Nicolás Maduro y los dirigentes del PSUV  siguen llenándose la boca con palabras como “socialismo” o “revolución”, están desmantelando todos los derechos y reivindicaciones  conquistados por el movimiento obrero con nuestra organización y nuestra lucha antes y durante los gobiernos de Chávez. De conquistar uno de los salarios más altos de Latinoamérica durante los años de ascenso revolucionario (2004-2009), los trabajadores y trabajadoras venezolanos hemos visto como estos últimos  5 años de contrarrevolución burocrática han ubicado nuestros salarios como los peores del continente.

Instituciones como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el Banco Central de Venezuela (BCV) ocultan los datos o los proporcionan con cuentagotas. Pero no pueden tapar el sol con un dedo. Según el BCV,  en 2014, el capital privado se apropiaba del 31% del PIB, 36% era para los asalariados y el Estado obtenía 13%. En 2017 —los datos más actualizados ofrecidos por el BCV— esta distribución ya se había modificado claramente a favor del capital. Este obtenía el 50%, un aumento de casi 20 puntos en solo tres años, mientras  los trabajadores veíamos  caer a la mitad  nuestro ingreso, recibiendo solo un 18% . Por su parte, el Estado también ingresaba menos: 9%.

También según el BCV, desde  2017 la explotación de los trabajadores venezolanos por los empresarios aumentó un 247%. Por cada bolívar de salario pagado, los empresarios ganaban 30. Esta proporción que ha crecido durante los años siguientes . De 2018 a la fecha el salario real ha caído un 99%. Como explica la economista Pascualina Curzio:“El criminal bloqueo a PDVSA por parte del imperialismo ha reducido 78% nuestros ingresos por exportaciones petroleras desde 2013. No hay duda. Pero no justifica la caída de 99% del salario real”  

Mientras la clase obrera y los sectores populares sufrimos este desastre, la oligarquía  tradicional y la  llamada “boliburguesía” están utilizando la pandemia para hacer un negocio redondo con apoyo del gobierno, disfrutando de ayudas del estado, privilegios financieros y libertad absoluta para incrementar las condiciones de explotación. Una situación que se verá aún más agravada con las Zonas Económicas Especiales anunciadas recientemente.

Las políticas del gobierno hunden a millones de trabajadores y trabajadoras en la pobreza

El nuevo salario mínimo mensual decretado el 1 de mayo por el Ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, y ratificado por Nicolás Maduro, será de 7 millones de bolívares (2,40 dólares al cambio existente al escribir estas líneas). Sumando los cesta-ticket (que no computan para antigüedad y otros beneficios sociales) el ingreso mensual será de 10 millones (3,50 dólares mensuales). El gobierno y los dirigentes de  la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores (CSBT) presentan esto como una gran subida del 289%. La realidad es que apenas alcanza para un kilo de queso, condenando a millones personas a vivir al límite de la supervivencia e incluso por debajo. El nivel de ingresos establecido por organismos como OIT,  ONU o CEPAL para considerar a una persona en situación de pobreza extrema es de 1 dólar diario.

Estos salarios de miseria se ven aún más mermados por la dolarización de la economía que está significando que la devaluación que ya sufría el bolívar alcance niveles estratosféricos. El BCV reconoce un 6.000% Otras fuentes calculan bastante más. Para los burócratas y capitalistas  que acumulan dólares en cuentas en el extranjero y tienen acceso de manera regular y en grandes cantidades a la divisa estadounidense o europea (legal o ilegalmente)  la dolarización representa una “papita”. Para los trabajadores, pensionistas o desempleados -que vivimos de nuestros salarios, pensiones o la economía informal- significa más desigualdad y miseria.

La “alternativa” gubernamental para paliar el empobrecimiento que representa este salario tan exiguo en un contexto hiperinflacionario es otorgar bonos sin incidencia en los beneficios sociales vinculados al salario (pensiones, utilidades, etc)  Estos bonos, como las bolsas CLAP, son utilizados como mecanismos clientelares por la burocracia para intentar mantener el control social pero no cubren las necesidades básicas.

La polémica sobre la supeditación del salario a los beneficios empresariales o al Petro

Durante los últimas semanas, un sector minoritario de economistas que apoyan al gobierno e  incluso algún diputado del PSUV, ante el incremento del malestar social que provoca el desplome de los salarios, han planteado que la nueva Asamblea Nacional con mayoría absoluta del PSUV elegida el 6 de diciembre de 2020 apruebe  anclar los salarios al Petro, la criptomoneda creada por el propio gobierno, a un cambio fijo.

Esta propuesta, limitada y que no cuestiona las políticas capitalistas del gobierno, ha desatado una reacción histérica no únicamente de los empresarios sino también de un grupo mayoritario de diputados y dirigentes del PSUV, empezando por el presidente de la Comisión de Economía de la AN, Jesús Faria, e incluso sectores de la burocracia de la CSBT.

Estos sectores achacan la caída de los salarios exclusivamente al bloqueo imperialista. Algo completamente falso. Como hemos explicado, los salarios vienen cayendo de antes y la causa es la política de los empresarios venezolanos y extranjeros con la complicidad del  gobierno y el estado. La posición de Faría (y del gobierno) es que cualquier aumento salarial debe estar supeditado a elevar previamente la capacidad productiva y rentabilidad de las empresas, públicas y privadas. Como parte de esta política ya se está planteando la reventa o devolución de empresas públicas o nacionalizadas durante la revolución a empresarios privados.

Estos planteamientos, además de terminar de liquidar el llamado “legado de Chávez” , representan un paso más en el sometimiento a la lógica de los capitalistas y supondrán recortes de salarios y derechos aún más brutales y centenares de miles de despidos. Ese ha sido el resultado de las privatizaciones, y de aceptar la lógica de que para aumentar salarios deben crecer antes  los ingresos empresariales, en todos los países. También en Venezuela durante la IV República.

Acuerdos CSBT-gobierno: más desigualdad y explotación para la clase obrera

En los primeros cinco meses del año varios de los principales sindicatos – FUTPV en PDVSA, Metro Caracas, Construcción,...- han firmado actas-convenio  en cadena nacional con Nicolás Maduro y el Ministro Piñate. Presentados como nuevas contrataciones colectivas  donde se  aplicarán determinados beneficios socio-económicos en montos valorados en función del Petro, estos acuerdos se aplicaron sin consultar a los y las trabajadoras.

Debido a la falta de una alternativa sindical revolucionaria  fuerte y unificada, y a que son presentados como un incremento de ingreso a corto plazo, estos acuerdos no han provocado un rechazo generalizado. Sin embargo, han sido denunciados y criticados correctamente por muchos trabajadores y trabajadoras combativos porque a quien realmente  benefician es a los capitalistas y burócratas. 

Diferentes empresas privadas también están recurriendo al pago de bonos mensuales en bolívares tomando como referencia el cambio con el Petro o incluso con el dólar. Se trata también de bonos sin  incidencia en utilidades, vacaciones o prestaciones sociales, aprovechando la desesperación que la crisis económica crea en muchos trabajadores y trabajadoras. En la mayoría de casos son cantidades equivalentes a 80 o 100 dólares, aunque algunas grandes empresas han ofrecido 200 o 300.

El objetivo de estas medidas tanto para los capitalistas como para la burocracia es calmar el descontento del movimiento obrero y avanzar aún más en su división, fragmentación y desmoralización. Mientras trabajadores de empresas públicas grandes, más organizados y con mayor capacidad de presión, reciben este tipo de bonificaciones, la inmensa mayoría -que labora en pequeñas industrias en condiciones cada vez más precarias- queda totalmente abandonada, condenada al salario mínimo de hambre aprobado por el Ministerio de Trabajo.

Incluso para los trabajadores que reciben estos bonos, se trata de un regalo envenenado. La evolución del Petro depende de lo que ocurra con las inversiones de los especuladores en el mercado financiero mundial y los precios del petróleo. En un contexto internacional de crisis profunda del sistema, sufrirá todo tipo de cambios y oscilaciones. Aunque el gobierno diga que garantiza su cuantía, estas palabras tienen el mismo valor que otras promesas y derechos recogidos en la Constitución o las leyes aprobadas bajo Chávez que están siendo violados sistemáticamente.

Quienes tienen mejores condiciones para hacerse con Petros, convertirlos rápidamente en dólares y no perder en el cambio son, como siempre, los empresarios y burócratas. Muchos ya están viendo una nueva fuente de negocio en ese intercambio. El Petro apenas es aceptado en algunas instituciones públicas y bancos extranjeros digitales. Los trabajadores que reciben estos bonos ya se están viendo obligados a negociar con los especuladores en condiciones desfavorables el cambio de Petros a bolívares, perdiendo hasta el 50% del valor en algunos casos.

Además, el contraste entre la cuantía de los bonos firmados por los burócratas sindicales de la FUTPV y CSBT para empresas públicas como PDVSA y otras, muy inferiores a algunas grandes empresas privadas, es utilizado para fomentar la idea de la privatización.

Impulsar asambleas basadas en la democracia obrera y un sindicalismo independiente y combativo

Diferentes organizaciones políticas y sindicales de izquierda que forman parte de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) e impulsan movimientos sindicales como el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) y otros frentes han planteado correctamente la necesidad de luchar por una escala móvil de salarios que vincule estos a la canasta básica. Varias de estas fuerzas han planteado exigir a la AN una ley en este sentido.

Desde Izquierda Revolucionaria no tenemos nada en común con el sectarismo de quienes rechazan la importancia de arrancar mediante la lucha concesiones y leyes favorables a los trabajadores, al tiempo que defendemos seguir luchando por una verdadera transformación socialista de la sociedad que acabe con el dominio de los capitalistas y burócratas  y ponga el poder en manos de los trabajadores y el pueblo. Tal como nos enseña la experiencia, para arrancar cualquier avance derecho o ley favorable a nuestros intereses, y aún más para que este se mantenga y se cumpla, el único camino es la organización y la lucha.

Muchas leyes que arrancamos con la lucha durante el proceso revolucionario, como el artículo 91 de La Constitución y otras siguen vigentes. Pero en manos de la burocracia capitalista del PSUV y la burocracia sindical de la CSBT son papel mojado. ¿Significa eso que no podemos hacer nada salvo esperar tiempos mejores? !Claro que no! Muchos dirigentes obreros de vanguardia y trabajadores de base han demostrado durante estos últimos 7 años ganas de luchar y parar las políticas anti-obreras, bonapartistas y capitalistas y recuperar sus derechos laborales pese a obstáculos como la pandemia, la creciente represión y las amenazas del gobierno, la burocracia estatal y los empresarios.

Por la unidad de acción de la izquierda y un programa revolucionario que impulse y unifique las luchas

La clave es entender que la defensa de nuestros derechos y salarios no vendrá de convencer a un grupo de diputados del PSUV, o a sectores de la burocracia estatal o sindical, para que promuevan tal o cual ley favorable en la AN sino de que los trabajadores y trabajadoras revolucionarios impulsemos asambleas con los compañeros y compañeras en cada centro de trabajo, fomentando la creación de comités unitarios de lucha en defensa de los salarios y del resto de derechos que nos están siendo arrebatados, elaborando plataformas con nuestras reivindicaciones en cada centro de trabajo y cada barrio.

Junto a esta primera tarea, e inseparable de ella, debemos plantear la extensión, coordinación y unificación de la lucha por esas reivindicaciones con otras empresas o sectores,   impulsando asambleas y comités de acción y lucha conjuntos a nivel municipal, regional y nacional  mediante la designación de delegados elegibles y revocables , planteando un plan de acción con agitación, piquetes, entrega de volantes, mítines públicos, entre otras acciones que permitan llegarle a la más amplias capas de las masas obreras y pueblo pobre en general y presentar un programa que responda a sus necesidades.

Este programa de lucha revolucionario debe tener en nuestra opinión como eje articulador la lucha por un salario por encima de la canasta básica, libertad para todos los trabajadores y trabajadoras presos, derecho a la organización sindical, reenganche de los trabajadores despedidos, vacunación masiva contra el Covid 19, discusión de todos los contratos colectivos, etc. Además debe incorporar puntos como la confiscación de los bancos, empresas estratégicas y latifundios, colocados bajo el control y gestión directa de sus propios trabajadores por medio de la elegibilidad y revocabilidad inmediata de los cargos de dirección.

Debemos mantenernos firmes explicando que para defender todos los derechos laborales y sociales del pueblo trabajador es imprescindible luchar por un programa revolucionario, verdaderamente socialista, que arrebate el poder a los capitalistas y burócratas. Solo así podremos reagrupar a la vanguardia de luchadores obreros y populares sobre bases firmes y reorganizar un movimiento sindical fuerte, clasista y combativo, conectando con el resto de los oprimidos y oprimidas para levantar una alternativa real al desastre que nos ofrecen los capitalistas y la burocracia.


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