A poco menos de un mes de la brutal agresión del imperialismo estadounidense contra Venezuela, con bombardeos que asesinaron a más de 100 personas, entre civiles y militares, y el secuestro y exhibición humillante, como un trofeo, del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional (AN) aprobaba el jueves 30 de enero una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH). Esta reforma se presenta como un paso imprescindible hacia la reactivación de la industria petrolera, pero: ¿cuáles son sus modificaciones y a quién benefician?
Uno de los cambios más importantes es la reducción de las regalías, el pago que exige el Estado venezolano a las empresas privadas extranjeras por explotar los recursos petroleros. Desde las leyes habilitantes planteadas por Chávez en 2001, las regalías habían quedado fijadas en un mínimo del 30%. Con la nueva LOH es lo contrario, queda a potestad de la burocracia ceder a 0% hasta el tope de 30%. ¿En qué beneficia esto al pueblo, que además ha visto empeorar sus condiciones de vida de forma dramática durante la última década? Los beneficiados por esta medida son las petroleras (estadounidenses y de otros países) así como también la burguesía y boliburguesía que negocian con ellos y que solo piensan en seguir saqueando la renta petrolera.
La reforma de la LOH rompe con otro principio que planteó Chávez muchas veces, y ratificó un año antes de su fallecimiento, en enero de 2012: “Nosotros no aceptamos que aquí manden tribunales de Washington o de donde sean. Venezuela es un país soberano y se respeta”. Las modificaciones aprobadas por la AN incluyen el reconocimiento de mecanismo de arbitrajes independientes ajenos a los tribunales nacionales. Esto significa dejar en manos de los propios imperialistas y sus tribunales cualquier conflicto, dando plenas garantías a la inversión extranjera para burlar cualquier obligación de transferir tecnología, respetar el medio ambiente y los derechos de los trabajadores e incluso de desarrollar nuevas inversiones. Cualquier diferencia entre el Gobierno y las petroleras imperialistas sobre cuánto, cómo y dónde invierten, si cumplen o no sus contratos, etcétera, podrá ser resuelto por los tribunales internacionales que ellas mismas y los Gobiernos imperialistas controlan.
A pesar de la narrativa antiimperialista, una muestra de lo antes dicho, es que el Estado venezolano ya había prorrogado de forma anticipada (desde 2024 hasta 2047) las operaciones a la trasnacional norteamericana Chevron, y es ahora que estamos conociendo la otra parte de los acuerdos, que ha llenado de mucha complacencia, que fue expresada el año pasado, por el director ejecutivo de Chevron, señalando: “tiene una gran riqueza geológica y recursos abundantes”, “los vaivenes que se observan en lugares como Venezuela son desafiantes, pero nosotros jugamos a largo plazo” y “Estamos comprometidos con el país y queremos ser parte de la reconstrucción de la economía venezolana cuando las circunstancias cambien”.
Además, en la LOH, se mantienen y extienden los contratos de participación productiva (CPP). Los CPP se extendieron como parte de la llamada Ley Antibloqueo, que -con la excusa de ocultar la entrada de inversores privados desconocidos para luchar contra las sanciones estadounidenses- facilitó una privatización encubierta de áreas de explotación y yacimientos de PDVSA, acelerando la fusión del aparato estatal (la burocracia y la cúpula militar) con los capitalistas nacionales y extranjeros. Todo ello fue clave para tramas de corrupción como la que encabezó Tarek El Aissami, que –como denunció el propio Gobierno- significó el robo de 24.000 millones de dólares al Estado venezolano.
Ahora las empresas vinculadas a los CPP podrán explotar y vender abiertamente, sin fiscalización ni retribución al Estado, con el aval de una burocracia que se garantiza la discrecionalidad de a quién dar las concesiones. Las CPP incluso permiten manejar la comercialización de la producción y la gestión de cuentas bancarias en diversas divisas (monedas del mercado internacional), trasladando las ganancias a sus jurisdicciones (territorios o países), saqueando los recursos del pueblo venezolano. La corrupción continuará, así como el saqueo de la renta petrolera.
Estamos ante una “reforma” de la LOH que no responde a las necesidades del pueblo venezolano sino a las exigencias que venían planteando desde hace años la burocracia, la burguesía y los imperialistas. Exigencias que Chávez y el pueblo siempre combatimos y consideramos inaceptables. No es casualidad que uno de sus principales promotores y presidente de la Comisión para la reforma de la LOH haya sido Orlando Camacho, presidente de la patronal Fedeindustria.
La nueva LOH permite a las multinacionales del sector, empezando por las yanquis (que Chávez expulsó del país) recuperar el control operativo, comercial y financiero de la producción petrolera. Esto en la práctica, se pinte como se pinte, significa terminar de liquidar las medidas antiimperialistas en materia petrolera y minera que aplicó Hugo Chávez durante los catorce años de revolución bolivariana. De 2002 a 2013 estas medidas permitieron entre otros avances reducir la pobreza del 67% al 22%, situar el salario mínimo de las y los trabajadores venezolanos como el más alto de Latinoamérica (hoy es el más bajo) y llevar adelante las Misiones, que han sido recortadas y reducidas a la mínima expresión durante la última década.
Las medidas progresistas y antiimperialistas de Chávez ya habían sido paulatinamente desmanteladas con concesiones a los imperialistas chinos y rusos y a la propia burguesía venezolana como la creación de las Zonas Económica Especiales, donde quedaban suspendidos derechos laborales conquistados por la clase obrera con su lucha bajo los Gobiernos revolucionarios de Chávez e incluso antes, los controles medioambientales y otras medidas favorables al pueblo.
Con este nueva LOH, el imperialismo yanqui consigue avanzar en todos los objetivos que Trump, Marco Rubio y los demás voceros ultraderechistas del Gobierno estadounidense han ido planteando sin disimulo desde su ataque contra Venezuela. El imperialismo yanqui no solo oculta su pretensión de ser el amo y señor del petróleo venezolano, sino que presume ante el mundo de ello, intentando enviar un mensaje intimidatorio a otros países.
Mientras Trump proclama que Venezuela y todo el hemisferio le pertenecen, los defensores de esta nueva LOH, la socialdemocracia y la izquierda reformista institucional de todo el continente, nos dicen que no se puede hacer otra cosa y solo piden “respeto a la legislación internacional, a la democracia y a la soberanía”; ¡Como si la legalidad internacional bajo el capitalismo no hubiese significado siempre el dominio del más fuerte, como explica Lenin en su libro sobre el Imperialismo y repitió muchas veces Chávez! ¡Como si el “Estado de derecho” y “la democracia” bajo el capitalismo no fuesen otra cosa que una farsa, un señuelo que los capitalistas utilizan para intentar engañarnos mientras quienes mandan son ellos: los dueños de los bancos y las grandes empresas!
De momento, la desmoralización que ha provocado la liquidación del legado de Chávez y de todos los avances conquistados durante la revolución bolivariana, unida a la lucha por sobrevivir cada día que ha provocado el colapso económico de los últimos años entre las masas, ha permitido que la burocracia, la burguesía y la boliburguesía, y su nuevo jefe: el imperialismo yanqui, impongan sus planes.
Pero la indignación que se está acumulando en el corazón de las masas se convertirá en movilización y recuperación de la lucha por retomar el programa de la revolución socialista y levantar una izquierda revolucionaria antiimperialista, anticapitalista y antiburocrática. La rebelión de masas en todo el mundo que desató el genocidio sionista contra el pueblo palestino y el levantamiento de masas de la clase obrera y la juventud en EEUU en estos momentos muestran el camino y la fuerza para derrotar al trumpismo, al fascismo, al capitalismo y a la burocracia corrupta.
