En Bolivia la última semana de 2010  estuvo marcada por las masivas  movilizaciones contra la subida del 80% del precio de los carburantes. Estas movilizaciones han provocado la mayor respuesta social en 5 años de gobierno de Evo Morales. Las mismas pusieron de manifiesto la vigilancia revolucionaria de las masas, que se movilizaron a lo largo y ancho del país con cortes de carretera y marchas, contra un decreto que reflejaba la presión de las multinacionales sobre el gobierno de Evo Morales. El decreto DS 780 del 26 de diciembre, terminaba con el subsidio de cerca de 1.000 millones de dólares a los combustibles, que grava la deuda del estado boliviano.

Subiendo los precios, el gobierno pretendía terminar con el contrabando de combustible a los países limítrofes, donde los precios son dos o  tres veces superiores al boliviano. Ese negocio fomenta la corrupción y asciende a un montante de más de 150 millones de dólares. Esta fue la justificación que el gobierno de Evo dio para promulgar el decreto.

Pero como certeramente comprendieron las masas, el decreto olía a un paquetazo contra el pueblo y era consecuencia del creciente sabotaje de las empresas multinacionales que aún están operando en suelo boliviano, y que pese a que no son poseedoras en su mayoría de los hidrocarburos (fruto de la nacionalización de 2006) han ido gradualmente reduciendo su producción, saboteando la economía, así como  presionando al gobierno para que sean los trabajadores y el pueblo los que tengan que pagar la factura de la explotación gasífera del país. Todo ello, según García Linera, vicepresidente del gobierno,"con el fin de incentivar las inversiones dentro del país", es decir, del capital privado. Pero también ha habido una presión de clase en el sentido contrario: tras cinco días de lucha que paralizó el país, por parte de los trabajadores, Evo Morales tuvo que derogar la medida y rectificar.

Bolivia no es ajena a la volatilidad de la situación política internacional. Con la oposición de la derecha muy debilitada tras la derrota del golpe de la Media Luna en octubre de 2008 y la reelección de Evo en diciembre de 2009, con un 60% de los votos, la estabilidad del gobierno parecía garantizada. Sin embargo, la revolución es un terreno de arenas movedizas. El "gasolinazo", como fue denominado popularmente, sacudió el país y pasó factura con  sus efectos políticos: la popularidad de Evo se desplomó del 54% al 30%. Y no sólo tuvo efectos políticos, sino también económicos: disparar la tasa de inflación anual hasta 7,18%, superior al 4,5% proyectado por el gobierno.

Y el azúcar subió un 40%

El 31 de diciembre también entró en vigor el alza del precio del azúcar en un 40%. "El gobierno elevó el precio del azúcar de 5,3 a 7,5 bolivianos el kilo y de 61 a 86,5 bolivianos la arroba con el fin de ‘nivelar' el precio del endulzante con el del mercado internacional, y de esta manera combatir al ‘agio y la especulación' (...) El objetivo es acercarnos al precio de mercado porque hay una gran diferencia entre el precio de mercado y el precio de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA)", explicó la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales.

Según la ministra, el "azúcar barata" que comercializaba la EMAPA creó un "mercado negro" aprovechado principalmente por "revendedores e intermediarios inescrupulosos" que no sólo especulaban con el producto sino que incluso lo sacaban de contrabando. "Mientras más distancia haya entre los precios del mercado y de EMAPA más se estimula al mercado negro (...) No podíamos seguir en manos de los intermediarios y especuladores", argumentó ("El precio del azúcar subió un 40%", publicado en Bolpress).

Como en el caso de los combustibles, son los trabajadores y campesinos, los sectores que apoyan al gobierno de Evo Morales los que pagan los platos rotos del desorden económico propiciado por los especuladores y los empresarios. Mientras las palancas fundamentales de la economía no estén nacionalizadas y planificadas democráticamente, la anarquía capitalista seguirá en pie intentando derrumbar la revolución. En la medida que la economía boliviana sigue siendo capitalista, el sabotaje económico se recrudece contra la misma. La subida de precios es un reconocimiento tácito de que quien gobierna la económica no es el gobierno ni el pueblo, sino los especuladores y los capitalistas. Al mismo tiempo todas las medidas que sin romper con el capitalismo, intentan contener el sabotaje empresarial y la anarquía en la producción para regularla se convierten en una traba al normal funcionamiento del capitalismo, con lo que la crisis y el sabotaje se recrudecen, en contra de las aspiraciones reformistas.

El estado no es un instrumento por encima de las clases si no un instrumento de dominación de una clase sobre otra

El caso de la subida de combustible  es sintomático de la encrucijada en la que se encuentra la revolución boliviana. Medidas como la subida de precios  responden a la presión que a través del aparato del estado recibe el gobierno  de la burguesía nacional y el imperialismo. El desarrollo particular de la revolución boliviana, en una espiral de movilización y organización ascendente de las masas desde el año 2000,  tuvo  como  fruto  la victoria electoral de 2005.  La correlación de fuerzas entre las clases era tan enormemente favorable a los trabajadores y pobres por aquel entonces  que fue posible poner un gobierno (como el de Evo) ajeno a la burguesía y en donde la clase dominante perdía temporalmente el control del aparato del estado burgués. Este gobierno pudo sostenerse, por el empuje revolucionario de las masas que desbarató  las acometidas contrarrevolucionarias y los intentos de golpe estado de la derecha y el imperialismo.

Bolivia, tras el estallido revolucionario de "la guerra del gas"  que tuvo como resultado la salida de dos presidentes: Lozada y   Mesa, y desembocó en la crisis revolucionaria y el vacío del poder con la instalación del parlamento en Sucre ante la paralización del país por el movimiento de masas. Por aquel entonces se dio una situación de doble poder que pudo ser aprovechada por la clase obrera. Fue la ausencia de una dirección centralizada por parte de la COB que unificara al conjunto de la clase trabajadora y los campesinos y que lanzara la idea y llevara a la práctica la constitución de consejos de trabajadores y campesinos a lo largo del país como base de un nuevo estado, aboliendo el ejército, la policía, el parlamento, los ministerios y la burocracia que labora en los mismos, unido a un programa de nacionalizaciones de la economía del país bajo control democrático de las masas.

Ante la inexistencia de un poder alternativo, la burguesía recurrió  a la convocatoria de  elecciones que al menos le permitiera ganar tiempo. La victoria de Evo Morales en 2006 es la expresión del auge revolucionario masas  y al mismo tiempo refleja  la incapacidad del proletariado boliviano de dotarse de una dirección y un programa para la toma del poder. Bajo la presión de las masas y la crisis del país, Evo tomó toda una serie de medidas progresistas entre las que destacan la nacionalización de los hidrocarburos, que reducía la participación de las multinacionales y reducía las regalías de las mismas. Fruto de estas y otras medidas progresistas que rebajaron la pobreza y dieron un enorme apoyo al gobierno de Evo: según la Cepal  "en 2000, el índice de pobreza en Bolivia era de 51%, pero en diciembre de 2009 la cifra se redujo hasta 35%". Al mismo tiempo los intentos de la contrarrevolución en 2008 (intento de golpe de la Media Luna) fueron derrotados por la movilización de las masas permitiendo al gobierno de Evo sostenerse sobre la base del movimiento de masas que dura ya 10 años desde la guerra del agua que se desató en Cochabamba.

Las derrotas de la contrarrevolución junto a una época en que las materias primas (petróleo, gas) elevaron su precio en el mercado mundial y políticas de reformas sociales propiciaron cierta estabilidad. Sin embargo, pese a todas las declaraciones de los voceros del gobierno contra el capitalismo, hablando de un socialismo nuevo, original, el caso es que el modo de producción capitalista sigue dominando en Bolivia. El aparato del estado burgués cada vez más retorna al control de su amo, los empresarios privados. Mil y un negocios vinculan directa o indirectamente a la burocracia estatal en ambos países con el sector privado. Es inevitable que el peso de la ideología burguesa (las necesidades e intereses del capitalista nacional o foráneo) vaya penetrando en capas cada vez mayores de esa burocracia y del propio gobierno. Este es un fenómeno subterráneo de la contrarrevolución. Carlos Marx, sobre la base de las lecciones de la Comuna de Paris señaló que no se puede tomar el aparato estatal heredado de la burguesía y ponerlo al servicio de la clase trabajadora o de los pobres, hay que demoler este estado y crear un semiestado nuevo basado en el control democrático de la clase trabajadora.  Si esto no se hace, fruto de ver frustradas sus expectativas, cuando la presión y el entusiasmo de las masas disminuyan, la burguesía retomará más tarde o más temprano el control de su instrumento de dominación y la contrarrevolución vencerá de uno u otro modo.

Esta presión política está detrás de los recientes llamados de Evo Morales "a todas las fuerzas políticas y sociales, a la burguesía ‘patriota', a las iglesias católicas y evangélicas y a la sociedad civil del país ‘acabar con las broncas', privilegiar los intereses nacionales por encima de las demandas corporativas regionales y locales, y establecer un gran pacto nacional, una alianza productiva con la burguesía agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria nacional, y ‘abocarnos todos a pensar en los grandes proyectos de desarrollo industrial' en los sectores de hidrocarburos, hidroelectricidad y litio".

A todo un sector de la burocracia estatal, de los sectores reformistas, les gustaría llegar a un acuerdo con la derecha o al menos con un sector. De hecho, les gustaría trasladar los acuerdos económicos que ya tienen al terreno político. Buscan la quimera de un sector de la "burguesía patriótica socialista" que invierta y que ponga los intereses del país por encima de sus beneficios, que no se lucre tanto, etc... Algo que sólo existe en los sueños de los reformistas socialdemócratas y que sirve para adormecer políticamente a las masas trabajadoras.

Sin embargo, este intento de doblar la revolución hacia la derecha está sometido a presiones en el sentido contrario y puede ser derrotado. El carácter parasitario de los empresarios, la debilidad de la derecha y la profunda crisis del capitalismo internacional, que se suma a la presión y vigilancia de las masas sobre el  gobierno que, como se ha puesto de manifiesto en el "gasolinaza", no se dejan embaucar con cantos de sirena y son capaces de movilizarse en defensa de sus intereses.

Pero los trabajadores bolivianos y los sectores honestos del MAS deben ser conscientes de que toda la dinámica social, las relaciones sociales de producción empujan, si no se toman las medidas necesarias expropiando a los capitalistas y extendiendo el control obrero de la producción, a la ligazón política entre la burocracia estatal, la burguesía y el imperialismo. Esa ligazón es el principal peligro para la revolución y lleva a la consolidación de una quinta columna derechista en el seno del movimiento revolucionario, como ocurre también en Venezuela. En la lucha entre esas dos tendencias, que es una lucha de fuerzas vivas, aún no resuelta, se dirime el futuro de la revolución boliviana. La última palabra la tiene la clase obrera organizada que es la única capaz de ofrecer una salida al impasse en que se halla el gobierno.

La COB debe impulsar un programa de lucha por el socialismo

Frente a las últimas medidas económicas, la COB ha llamado al gobierno a que rectifique: "Estamos soportando una serie de desaciertos del Gobierno, medidas que van contra del pueblo y los trabajadores. La Central Obrera Boliviana no puede aceptar esto, por eso planteamos al Gobierno conformar una comisión económica interinstitucional, para que sus técnicos y los nuestros, en un plazo de 20 días, encuentren soluciones estructurales y no parches a los problemas que estamos viviendo y que tienden a agravarse más", afirmó el principal dirigente de la COB, Pedro Montes.

En una conferencia de prensa, aseguró que ese mecanismo será efectivo para solucionar la crisis económica y para impulsar la reactivación del aparato productivo porque, a su juicio, "no hay ningún interés del Gobierno por la reactivación". ("COB critica la falta de una visión económica uniforme en el gobierno" publicado en Bolpress, 2/2/11).

El reimpulso productivo del país que demanda la dirección de la COB no se va a poder hacer mientras la economía siga en manos de los especuladores y los capitalistas y el aparato estatal capitalista siga en pie. Es necesario que el gobierno de Evo Morales rectifique y tome las medidas necesarias para terminar con el capitalismo en Bolivia. Hacer que la anarquía y el sabotaje lo pague los trabajadores y el pueblo debilita el apoyo popular y sienta las bases para el avance de la contrarrevolución. La orientación política y la organización de la base revolucionaria debe venir de la COB que debe luchar por un programa auténticamente socialista que pase por la nacionalización de la banca , la tierra y la industria planificando democráticamente sobre la base de un estado obrero que sea capaz de acometer esas tareas. El instinto certero de la base revolucionaria tumbó el "gasolinazo" en pocos días, hay que apoyarse en él para impulsar la revolución socialista en Bolivia. El futuro de la revolución Boliviana depende de ello.


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