Solo la organización y la lucha garantizarán nuestros derechos laborales
El 18 de marzo las y los trabajadores conocimos la salida de Eduardo Piñate del Ministerio del Trabajo, tras un periodo en el que se eliminaron derechos como el salario justo, las convenciones colectivas y las prestaciones sociales mediante medidas como el memorándum 2792 (2018), el instructivo Onapre (2022) y otras. Delcy Rodríguez, quien acompañó esas decisiones, recién lo designó Comisionado presidencial de la Constituyente laboral, reemplazándolo por el magistrado Carlos Alexis Castillo, nuevo ministro.
Castillo fue viceministro entre 2003 y 2007 y magistrado de la Sala de Casación Social (2022-2026). Conoce muy bien a los empresarios y los ataques que sufrimos las y los trabajadores. En un discurso reciente, calificó como "logro" el aumento del 208% en casos laborales recibidos por el TSJ, vinculándolo a una supuesta recuperación económica.(1) Las y los obreros consideramos esto un descaro, pues oculta la ineficacia estatal y el aumento de la agresión patronal.
El Estado favorece a los empresarios y reprime a los trabajadores
Gracias a todas esas medidas que Castillo, Delcy Rodríguez y el resto del Gobierno llaman “logros”, quienes exigen sus derechos laborales pueden ser encarcelados o pasan más de un año en el Ministerio del Trabajo sin solución. Luego, deben acudir a tribunales con abogados privados, si tienen como pagar un costo inicial de $50-$80 más $15 mensuales y si llega al TSJ, aún más. Un juicio puede durar más de 10 años.
Aunque la Ley Procesal del Trabajo (2002) prometía un proceso rápido, oral y gratuito, la realidad es otra: audiencias cortas que no permiten evacuar todas las pruebas, prórrogas largas, suspensiones por falta de jueces y salas de audiencias disponibles, fallas eléctricas o días feriados, etcétera y cansancio para el trabajador. En inspecciones judiciales, hasta se exige al trabajador el transporte y refrigerio (que debe costear) para el juez, mientras el empresario usa su poder económico y político para congraciarse con los jueces.
Una justicia de clase contra los trabajadores
El ministro Castillo habla de justicia gratuita y equitativa, pero sentencias recientes contradicen los derechos laborales. Por ejemplo, la sentencia N° 523 (2025) niega carácter salarial al pago en moneda extranjera, y la N° 218 (2025) hace lo mismo con el Bono contra la Guerra Económica. Esto implica que las prestaciones sociales se calculan con un salario mínimo de apenas 0,2 céntimos de dólar para el momento de esta redacción, ignorando el ingreso real, los principios constitucionales y artículos específicos de la ley orgánica del trabajo.
Aunque un trabajador gane un juicio, ejecutar la sentencia es un viacrucis. Empresas públicas y privadas como Polar, Toyota, PDVSA, Corpoelec, y hasta Gobernaciones e instituciones públicas han incumplido fallos por más de 10 años sin tener consecuencias. En Anzoátegui, se rumorea por los pasillos del tribunal que los empresarios donaron al gobierno - en el marco de la alianza estratégica Proanzoategui - millones de bolívares, como para la climatizar el Palacio de Justicia, a cambio de exoneraciones de impuestos, “seguridad jurídica” y otros privilegios, lo que muestra un trasfondo de a quién favorece el sistema.
Los trabajadores deben organizarse para vencer la agresión institucional y patronal
Este sistema de justicia criminaliza a quien defiende sus derechos o toca la propiedad privada, por eso hemos vivido la prisión de más de 100 dirigentes obreros. Los empresarios han corrompido instituciones, leyes y funcionarios para someter a los trabajadores, convirtiéndolos en desechos humanos tras una vida de explotación. “No se trabaja para vivir, sino que se vive para trabajar”.
No podemos esperar soluciones de burócratas, ni de este estado y sus leyes sin luchar. Es urgente organizarse en comités de lucha, asambleas populares y autofinanciarse, sin desviaciones seguidistas ni de la derecha y la ultraderecha ni de la burocracia del Gobierno contrarias a los intereses de la clase trabajadora. Solo la movilización colectiva, consciente y autónoma con un programa elaborado por los propios trabajadores y trabajadoras en asamblea podrá enfrentar la represión, vencer a los falsos dirigentes burocráticos y avanzar hacia una sociedad sin explotadores ni explotados.
Fuente:
