Levantar una alternativa clasista frente al sometimiento del Gobierno a EEUU y la patronal
El jueves 12 de marzo se realizaron manifestaciones de trabajadores en diferentes ciudades de Venezuela. La principal tuvo lugar en Caracas, con unos 2.000 o 3.000 participantes. Estas movilizaciones obreras plantearon pliego con reivindicaciones económicas y políticas, empezando por la defensa de un salario mínimo igual a la canasta básica para hacer frente a una inflación interanual asfixiante (617%) y una devaluación de la moneda que supera el 500%. Esta situación aplasta los ingresos de las familias obreras, que apenas cubren el 24% de la canasta básica.
Una posibilidad real de romper la inercia de los últimos años
Esta movilización ha animado a sectores importantes de la clase obrera, que la ven como un paso adelante que debe ir a más, y una oportunidad de reconstruir un movimiento sindical combativo, tras años de reflujo profundo en la participación politica y la movilización social y sindical como consecuencia de la liquidación de la revolución bolivariana por el propio Gobierno, que se declara heredero de Chávez pero ha desmantelado todas las conquistas sociales logradas durante sus gobiernos y está aplicando políticas capitalistas que han contribuido a un auténtico colapso económico y social, empujando a millones de trabajadoras y trabajadores a emigrar del país o centrarse casi exclusivamente en la lucha por garantizar su supervivencia y la de sus familias.
Aunque estos factores siguen teniendo un peso muy importante, condicionando el ritmo, la extensión y forma en que empieza a recomponerse el movimiento obrero, la movilización del 12 M ha servido para retomar la lucha por reivindicaciones económicas y sociales fundamentales, dando una oportunidad a la izquierda política y sindical venezolana para intervenir en este movimiento. Para ello es clave defender un programa y plan de lucha diferenciados de los sectores de derecha y ultraderecha que intentan ganar influencia dentro del movimiento sindical aprovechando el descontento con los recortes y ataques a los derechos laborales y democráticos del Gobierno.
La derecha y ultraderecha, representadas por María Corina Machado, Juan Guaidó, Leopoldo López o Capriles, son los primeros en apoyar la sumisión total al Gobierno racista, totalitario y colonialista de EEUU. Y siempre han defendido privatizar las empresas y servicios públicos (empezando por la salud y la educación), destruyendo miles de puestos de trabajo, recortando derechos y salarios para aumentar los beneficios empresariales. Eso es lo que hacen sus amigos Milei, Noboa, etc en diferentes países latinoamericanos y tal cual lo que quieren para Venezuela.
Aprender del pasado para impulsar las luchas de hoy
La última lucha unificada a escala nacional, la del sector magisterial en 2022, demostró que cuando los trabajadores nos movilizamos unitariamente podemos arrancar concesiones, incluso en un contexto político tan difícil y contradictorio como el actual. La lucha de las y los educadores derrotó las pretensiones de la burocracia del Gobierno de pagar las vacaciones en cuatro partes y podía haber logrado más cosas. El principal motivo de que no lo consiguiese fue la falta de una estrategia para extender la lucha a otros sectores de la clase obrera y ganar el apoyo masivo de la población, organizando asambleas con estudiantes, familias y vecinos y planteando un programa que vinculase las reivindicaciones laborales a la lucha por levantar una alternativa revolucionaria propia de la clase trabajadora frente a la burocracia madurista, la derecha y la ultraderecha.
El movimiento que comenzó el pasado 12 de marzo empieza como una movilización mas amplia, unitaria y que, aunque predomina el sector público, está generando un ánimo importante en miles de trabajadores de otros sectores. En el desarrollo de la marcha quedó demostrada una vez más la audacia, astucia y combatividad de la clase trabajadora. Los manifestantes superaron los obstáculos y amenazas represivas de la policía y la Guardia Nacional, las barreras colocadas para impedir el paso, la actuación del Gobierno empleando dinero alquilando tarimas y transportes con grandes aparatos de sonido para sabotear la manifestación, organizando provocaciones y buscando un choque que justificase la represión contra la marcha. En vez de utilizar esos recursos económicos para cubrir las necesidades del pueblo, esto llegó al extremo de que diputados del PSUV lanzaron discursos agresivos y cínicos, acusando a los y las trabajadoras que marchaban por sus derechos de fascistas, asesinos y anti patria.
¡Que cinismo! ¡Los mismos que arrastran el legado antiimperialista de Chávez por el fango, entregando el petróleo y los recursos minerales a las multinacionales expulsadas de Venezuela por anti obreras y colonialistas, que se arrodillan ante Trump mientras masacra a los pueblos de Irán, el Líbano y amenaza con arrasar Cuba, insultando a las y los trabajadores porque pedimos derechos y salarios dignos!
Pero ninguna de estas evidentes provocaciones, que dejan ver el desespero burocrático, tuvo éxito. Los trabajadores llegaron hasta la Asamblea Nacional y entregaron el documento con sus reivindicaciones. La clase trabajadora venezolana está indignada porque el sacrificio popular de todos estos años está terminando en una alianza donde todos: gobierno, empresarios, la derecha y los burócratas sindicales coinciden en la misma agenda económica y política: recortar derechos laborales, subastar la soberanía energética y los recursos naturales.
La sumisión a Trump significa más ataques contra la clase obrera
Todo esto ha quedado en evidencia con las medidas aprobadas por el Gobierno y la AN desde el 3 de enero. En otros artículos hemos analizado varias de estas medidas[1] Animados por la privatización y entrega del petróleo y las minas a las multinacionales imperialistas, y por la apertura del sector salud a las empresas de seguros y las clínicas privadas[2], los empresarios han lanzado desde comienzos de año una ofensiva exigiendo al Gobierno pasos definitivos para liquidar todos los derechos laborales recogidos en la LOTTT.
Después de la movilización obrera del 12M, Delcy Rodríguez realizaba un pírrico aumento de 30 dólares al bono de ingreso salarial, diciendo que no hay condiciones para un aumento general de salarios y planteando que esperaba una propuesta para el 1 de Mayo de la CSBT, central sindical bajo control burocrático del PSUV.
Las excusas del Gobierno y la propia burocracia sindical oficialista de que no hay recursos para conceder un salario mínimo digno, ocultan que los ingresos para este año por venta del petróleo, que estarán en 21.700 millones de dólares, irán destinados en su mayoría a los empresarios, dejando totalmente de lado las necesidades del pueblo. Como dice el dicho popular, los capitalistas “se pagan y dan el vuelto”.
Desde el "Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad" ,que anunció Nicolás Maduro en 2018, la destrucción de los derechos laborales de la clase trabajadora venezolana no ha tenido parangón, desde medidas inconstitucionales como el memorándum 2792 contra los beneficios de las contrataciones colectivas, los salarios, etc, la creación de un organismo fantasma como la ONAPRE para aplicar esas medidas antiobreras en el sector público o el decreto presidencial N° 4.805 - 01/05/2023 eliminando la incidencia en el salario del bono de guerra hasta jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como la reciente sentencia N° 523-SCS, que desconoce derechos sustanciales de los trabajadores. Todo en favor de los capitalistas.
Quieren imponernos una vida de esclavos
Después de 19 años saboteando la economía, cerrando empresas y despidiendo injustificadamente a miles de trabajadores, la burguesía ha conseguido que se reactiven las reuniones tripartitas Gobierno-empresarios-dirigentes sindicales, utilizándolas para hacer retroceder los derechos de los trabajadores. En estos momentos de tutelaje imperialista, ven la gran oportunidad de dar la estocada final. Por eso plantean que no puede haber aumento de salario si no se reforma la ley del trabajo y especialmente las prestaciones sociales, como maniobreramente afirma el representante de los empresarios en la OIT, Jorge Roig, destacado empresario de Fedecámaras: “Incluso un incremento de 10 dólares tendría un impacto financiero “impagable” para el Estado debido a las obligaciones acumuladas. Por ello, plantea que el país debe discutir mecanismos alternativos”.[3]
Pero cómo demostraba un estudio realizado en 2024 por la Universidad Católica Andrés Bello, institución que defiende las ideas de la economía liberal capitalista, el problema no son los salarios, que no han parado de caer. Las capas superiores de la clase media (altos cargos, gerentes, dueños de pequeños y medianos negocios) ingresan entre 319,25 y 633 dólares mensuales, 50 veces más que el salario promedio de un trabajador no calificado[4], mientras los dueños, ejecutivos de los grandes negocios y empresas agrupados en Fedecámaras, Fedeindustria, Conindustria y Consecomercio ingresan solo en concepto de salarios (sin contar otros ingresos y beneficios) 2.700 dólares mensuales, 225 veces el ingreso de los obreros no calificados o los pensionados y jubilados, que son quienes sostuvieron y sostienen la economía venezolana. A 2 años de esta encuesta, cabe preguntarse ¿cuánto habrán aumentado los ingresos de los empresarios y cuánto más esperan sacar? De seguro que son cifras estratosféricas.
Todo este enriquecimiento empresarial proviene de aumentar la explotación de los y las trabajadoras, con jornadas laborales de 12 y hasta 16 horas diarias, negando beneficios como el pre o post natal para la lactancia materna. Prohibiendo en la práctica a las y los jóvenes trabajadores estudiar, enfermarse, quitándoles el beneficio de transporte en horarios nocturnos, obligándoles a trabajar en condiciones de riesgo, sin implementos de seguridad, ni derecho a la salud laboral, con bonificaciones por asistencia y productividad perfecta sin incidencia salarial que se pierden con solo llegar 5 minutos tarde al trabajo o en caso de accidente laboral.
A estos gastos que debería asumir el empresario y son “ahorrados” a costa de la vida del trabajador se unen los regalos del Gobierno mediante el Consejo de Economía Productiva: exoneraciones fiscales y aduaneras, reintegro del ISLR e IVA, exención de pagar impuestos por bienes de capital, participación en el sector eléctrico y gas, y ahora la tajada que han sacado de los más de mil millones de dólares ingresados por el petróleo entregado a EEUU. ¡Pero todavía quieren más!
A finales del 2025, Delcy Rodríguez -antes de convertirse en presidenta encargada- impulsaba junto a la burocracia sindical de la CBST el proyecto de la “Constituyente Laboral” mediante procesos electorales amañados. En el sector privado este proceso lo organizó el Ministerio de Trabajo con la complicidad de los empresarios, tomando por sorpresa a los trabajadores y pasándoles por encima. En el sector público se ejecutó bajo control total de la burocracia, cooptando incluso a dedo viejos burócratas sindicales. El sindicalismo burocrático oficialista, el gobierno y los empresarios utilizan la Tripartita y esta Constituyente Laboral como brazo ejecutor de las nuevas reformas económicas, como la llamada Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos y la revisión de los contratos colectivos que están preparando, mientras las organizaciones sindicales de base y la izquierda combativa denuncian la opacidad y más que probable desmejora en salarios y derechos que supondrán estas medidas.
Construir organizaciones asamblearias, unitarias y combativas para organizar la respuesta
La primera tarea es organizar a la clase trabajadora para dar la pelea contra estos ataques en cada centro de trabajo e impulsar nuevas movilizaciones unitarias a nivel local, regional y nacional como la del pasado 12M con un plan de lucha escalonado que mantenga la presión e incorpore cada vez a más sectores. Esto exige a las y los sindicalistas revolucionarios un trabajo duro de pico y pala. Hay que organizar asambleas democráticas de trabajadores en cada centro de trabajo y sector lo más amplias y unitarias posible para discutir todas las necesidades y reivindicaciones, crear comités de acción con delegados elegibles y revocables en todo momento que se coordinen entre diferentes empresas, y con las comunidades, fomentando también asambleas vecinales, vinculando las reivindicaciones laborales, pidiendo el apoyo económico y político del resto de sectores obreros y populares en lucha, desarrollando mediante la autoorganización desde la base una fuerza cada vez mayor, empezando con la autofinanciación, organizando colectas, etcétera. Este es el camino para acompañar con el máximo apoyo social cada conflicto de forma unificada y en coordinación con el resto de activistas, sindicatos y organizaciones de izquierda, en los barrios, liceos y universidades, para hacer frente a la represión del estado o de grupos lúmpenes organizados por éste y los empresarios, como ya hemos visto en varias luchas.
Junto a estas medidas para reconstruir un movimiento sindical clasista y combativo, los comunistas de Izquierda Revolucionaria defendemos luchar por un programa revolucionario que recoja reivindicaciones como: salario igual a la canasta básica y contratos colectivos debatidos y aprobados por los trabajadores en asamblea y no firmados a sus espaldas, derecho a huelga, defensa de la libertad y autonomía sindical, liberación sin cargos y con restitución inmediata a sus puestos de trabajo y pago de salarios caídos de todos los trabajadores y trabajadoras presos o despedidos por protestar, entre otras demandas laborales y sociales que decidan las asambleas de trabajadores.
Pero además, creemos que solo es posible garantizar todas estas reivindicaciones laborales, sociales levantando un programa verdaderamente socialista y revolucionario que plantee la confiscación de las grandes industrias, bancos y latifundios poniendo la economía y el estado bajo gestión directa de la clase trabajadora mediante asambleas basadas en la elegibilidad y revocabilidad inmediata de cualquier cargo de dirección, para acabar con la corrupción y los privilegios de los capitalistas y la burocracia, y así dar respuesta a las necesidades del pueblo trabajador.
Notas:
[1] Washington privatiza y pone bajo su control directo el petróleo venezolano
[2] Plan de salud y vida 2026, pasos hacia la privatización del sistema sanitario venezolano
[3] Jorge Roig: “Las condiciones para un acuerdo laboral están dadas como nunca antes”
[4] Desigualdad aumenta en Venezuela: algunos ganan $2.700 al mes y otros solo $12,5
