El 11 de abril Perú celebraba elecciones legislativas y la primera vuelta de las presidenciales. Seis meses después del levantamiento de masas que derribó al Gobierno oligárquico de Manuel Merino, estos comicios —convocados para intentar cerrar la crisis política que vive el país, calmar la indignación social y legitimar un Gobierno estable bajo control de la clase dominante— no han conseguido el objetivo perseguido.

El malestar con las políticas neoliberales, los recortes y la corrupción —que han hecho de Perú uno de los países del continente más desiguales y desprotegidos ante la pandemia[1]— ha vuelto a expresarse, ahora en el terreno electoral, con el hundimiento de los partidos burgueses tradicionales[2], el aumento de la abstención (que, pese a la obligatoriedad del voto, ha rozado el 30% frente al 20% de promedio en anteriores convocatorias), un voto nulo y blanco que en conjunto suma más de tres millones (el 18,88%), y la inesperada victoria en primera vuelta de Pedro Castillo, maestro rural procedente de una de las zonas más pobres del país y dirigente de la combativa huelga de maestros que sacudió el país en 2017.

Castillo ha centrado su campaña en denunciar la corrupción de la oligarquía y la desprestigiada casta política limeña, ha defendido la nacionalización de varias empresas y sectores estratégicos como los hidrocarburos o la minería, el incremento de la financiación para la educación y sanidad públicas del 4 al 10% del PIB, rebajar los sueldos de los diputados y ministros (incluido el suyo si es elegido presidente) y convocar una Asamblea Constituyente para acabar con la odiada constitución impuesta por la dictadura de Alberto Fujimori en 1993[3]. Con estas propuestas ha ganado en las cinco regiones más pobres del país, recibiendo un apoyo especialmente masivo en las comarcas mineras, donde supera en algunos casos el 50% de los votos válidos[4]..

Polarización política y colapso de los partidos burgueses tradicionales

Los resultados electorales ponen de manifiesto también la creciente polarización política a derecha e izquierda que vive el país. Con el 99,9% de votos escrutados, Castillo obtiene 2.673.475 votos (el 19,11% de votos válidos) y el movimiento que le apoya, Perú Libre, pasa de no tener representación parlamentaria a convertirse en el principal grupo de la nueva Asamblea, con 37 de 130 diputados.

En el bloque de la derecha, los desprestigiados partidos burgueses tradicionales son reemplazados por otras fuerzas de derecha y ultraderecha con un discurso rabiosamente anticomunista. La segunda candidata más votada, y oponente de Castillo en segunda vuelta, ha sido Keiko Fujimori, hija del dictador, que ha reivindicado el legado de su padre presentándose como la garantía contra la llegada al Gobierno de la “izquierda radical”. Fujimori obtiene 1.870.173 votos (13,36%) y su partido será la segunda fuerza parlamentaria con 24 escaños. Rafael López Aliaga, empresario que se presenta como “el Bolsonaro peruano” ha quedado tercero  (1.635.684 papeletas, 11,69%) y Hernando de Soto, economista neoliberal responsable de las políticas económicas del fujimorismo, el cuarto, con 1.625.555 votos (11,58%).

¿Por qué crece Castillo y retrocede la izquierda tradicional?

El apoyo a Pedro Castillo y a Perú Libre ha ido en aumento durante la campaña a medida que los medios de comunicación burgueses agitaban el espantajo de Venezuela o Bolivia para atacarle, al igual que han hecho con Verónika Mendoza, candidata de Juntos por Perú (JPP), coalición que agrupa a partidos tradicionales de la izquierda como los dos partidos comunistas y distintas fuerzas procedentes del Frente Amplio (FA).

La principal diferencia entre ambos candidatos es que Mendoza, mejor situada en las encuestas antes de la campaña, ha pagado su giro a la derecha en busca del supuesto “voto de centro”. Cuestionada ya por sus pactos con distintas fuerzas burguesas en el parlamento durante los últimos años, se desmarcó de las nacionalizaciones y la intervención estatal en la economía defendidas por Castillo, insistiendo en políticas de “moderación”. De esta manera, ha pasado de ser vista como una esperanza de cambio real (en 2016, su candidatura liderando el FA con 2.874.000 sufragios, el 18,74%, estuvo a punto de alcanzar la segunda vuelta) a quedar sexta en estas elecciones con 1.099.712 votos, el 7,85%.

La victoria de Castillo no solo ha provocado sorpresa y desconcierto en la clase dominante. Muchos dirigentes de la izquierda tradicional están en shock tras verse superados en más de 1,5 millones de papeletas por una fuerza hasta ahora sin representación nacional. Entre muchos activistas y luchadores y luchadoras de izquierda, de los movimientos sociales, las organizaciones feministas y LGTBI, especialmente en las grandes ciudades, también existe perplejidad y muchas dudas acerca de qué posición defender en la segunda vuelta. 

El motivo de ello es que Castillo y los dirigentes de Perú Libre, junto a la defensa de las nacionalizaciones, el empleo, la sanidad y educación públicas, mantienen una postura completamente equivocada y abiertamente retrógrada respecto a las reivindicaciones de la comunidad LGTBI y el movimiento feminista, negándose a apoyar el derecho al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o los derechos de las personas trans y oponiéndose incluso a la introducción de la cuestión de género en los programas de estudio.

Esta cuestión es muy importante. Perú es uno de los países con más feminicidios y denuncias por violencia y opresión de género del continente. El movimiento feminista ha crecido con fuerza y centenares de miles de mujeres trabajadoras se han incorporado a la lucha por sus derechos, al igual que la comunidad sexodiversa. La oposición de Castillo a sus reivindicaciones (e incluso a otras como la eutanasia) provoca un rechazo lógico entre miles de activistas feministas y LGTBI y sectores avanzados de la izquierda política y social —especialmente en las grandes ciudades— como muestran los resultados en la capital. En Lima, que concentra casi el 25% de la población, Perú Libre obtiene solo un 5% de apoyo, mientras la derecha y ultraderecha sumaron el 50% del voto válido.

Un factor que explica este resultado es el giro a la derecha de sectores importantes de las capas medias (más numerosas en la capital), que se beneficiaron durante los años 90 y la primera mitad del siglo XXI de las políticas de desregulación, apertura a las inversiones extranjeras y precariedad laboral y ven con pánico la posibilidad de un proceso revolucionario como los vividos en otros países del continente. Pero el factor clave que permite ganar a la derecha en la capital es la abstención y el llamado “voto viciado” (blanco o nulo). En Lima votaron blanco o nulo cerca de 800.000 personas (15%) y la abstención rondó el 25%.

Muchos jóvenes que participaron o simpatizaron con el levantamiento de masas de noviembre de 2020, que tuvo Lima como epicentro, quieren un cambio social profundo pero rechazan las posiciones de Castillo y Perú Libre respecto a la cuestión de género y otras reivindicaciones y, aunque Verónika Mendoza sí asumió algunas reivindicaciones del movimiento feminista y la comunidad LGTBI, tampoco consiguió atraerlos masivamente a causa de la indefinición y moderación de su discurso y programa.

Las concesiones de Castillo a la reacción, un peligro mortal

Una de las batallas que determinará la segunda vuelta será la lucha por esos millones de abstenciones y votos nulos.

La clase dominante lo tiene claro y ya está utilizando todas las armas a su alcance para impedir una victoria de la izquierda, que hace un mes no aparecía ni en sus previsiones más pesimistas. Los medios de comunicación peruanos e internacionales —junto al ya tradicional leitmotiv de que una victoria de Castillo convertiría a Perú en una nueva Venezuela— difunden consciente e hipócritamente las declaraciones reaccionarias de Castillo y otros dirigentes de Perú Libre respecto a la cuestión de género y los derechos de la mujer para bloquear el potencial apoyo social y electoral entre estos sectores.

Esto se vincula con la estrategia de descalificación adoptada desde el inicio de la campaña por la clase dominante de intentar identificar a Castillo con la organización guerrillera de origen maoísta Sendero Luminoso (SL), cuyo sectarismo extremo es recordado como una pesadilla por las masas y muchos activistas de izquierda, incluida la persecución de la homosexualidad en las zonas rurales que controlaba.

Durante décadas, cada vez que se ha desarrollado una alternativa de izquierdas en el terreno electoral o en la lucha social la burguesía peruana ha recurrido al llamado “terruqueo”, es decir, a su criminalización vinculándola a Sendero Luminoso o al Movadef, su plataforma política. Castillo, que niega categóricamente estas acusaciones, no es una excepción. Que dichas acusaciones no le hayan impedido ganar, incluso arrasar, en zonas que fueron muy castigadas por los métodos senderistas, refleja el giro a la izquierda y búsqueda de una alternativa revolucionaria existentes. Pero la posición completamente nefasta de los dirigentes de Perú Libre ante la cuestión de género —resultado del origen estalinista de muchos de ellos y del prejuicio de que defender estas consignas podría perjudicarles en la batalla contra la derecha en las zonas rurales o mineras donde tienen raíces— favorece la estrategia de atacarles y aislarles en el resto.

A medida que se acerque la segunda vuelta (prevista para el 6 de junio) las diferentes presiones de clase a que están sometidos los dirigentes de Perú Libre se verán intensificadas. Por un lado la presión de la crisis del capitalismo y la lucha de clases, incluida la lucha de las mujeres trabajadoras por la igualdad de género, las comunidad LGTBI o personas trans. Por otro, la presión ideológica de la burguesía, que se hace cada vez más intensa y además de en la cuestión de género se está expresando ya en otros aspectos.

Aunque Castillo ha destacado como dirigente sindical de base y Perú Libre en sus orígenes se declaraba marxista-leninista-mariateguista, frente a la campaña acusándoles de comunistas y de defender la lucha de clases, han apelado cada vez más a un discurso abstracto e interclasista, hablando de “los intereses la gente”, la patria, etc., y recalcando que su propuesta no es el socialismo sino una “economía popular con mercados”.

Su candidato a vicepresidente, Vladimir Cerrón, se ha manifestado a favor de los procesos en Venezuela, Bolivia o Ecuador, pero defendiendo que Perú tiene una “realidad diferente” y “no se pueden trasladar mecánicamente”. Ha mostrado también su apoyo al modelo chino e incluso alabado las políticas de Putin en Rusia. Durante los últimos días, aunque sigue insistiendo en la necesidad de las nacionalizaciones y la intervención estatal en la economía, Castillo ha abierto la puerta a negociar su forma concreta (aceptando no solo la posibilidad de indemnizar a los capitalistas, sino incluso formas de propiedad mixtas de capital público y privado). También ha negado que pretenda implantar un impuesto especial a los más ricos.  

 Por un frente único para derrotar a Fujimori y luchar por un Gobierno de los trabajadores y el pueblo con un programa socialista

La izquierda peruana está ante una oportunidad histórica. Si Castillo adoptase un programa socialista, unificando las reivindicaciones de todos los oprimidos (incluidas las del movimiento feminista y LGTBI) y defendiendo la nacionalización sin indemnización y bajo control obrero del conjunto de los bancos, las principales empresas y la tierra, para poner la riqueza en manos de los trabajadores y el pueblo, planificar democráticamente la economía y satisfacer las necesidades sociales, su victoria sería imparable y contagiaría al resto de los oprimidos del continente.

El pronóstico para la segunda vuelta es incierto. En un contexto de máxima polarización, donde el voto de derechas se movilizará para apoyar a Fujimori, el programa limitado y las posiciones reaccionarias de Castillo respecto a la cuestión de género representan un obstáculo muy serio para conseguir la victoria.

En cualquier caso, la tarea de la izquierda que se declara anticapitalista y revolucionaria no puede ser llamar a la abstención o el voto nulo, como hicieron muchos de estos grupos en la primera vuelta. El crecimiento vertiginoso, en pocas semanas, de Castillo y de una fuerza extraparlamentaria como Perú Libre entre millones de trabajadores y campesinos, deja una lección muy clara para quienes —aunque se declaran marxistas y trotskistas— han renunciado a defender un programa de transición al socialismo y un plan de lucha que ponga a la clase obrera al frente de los oprimidos, y han abrazado la consigna de asamblea constituyente libre y soberana.

¿Existe un sentimiento masivo entre los trabajadores y campesinos de acabar con la constitución neoliberal y reaccionaria de 1993 y elaborar una nueva que recoja sus derechos? Evidentemente, sí. Pero el apoyo a Castillo ha crecido cuando ha puesto el énfasis no en la Constituyente sino en las nacionalizaciones y en reivindicaciones como el empleo, la educación y la sanidad.

La tarea clave del momento es presentar un programa socialista y un plan de lucha que muestren cómo hacer realidad concretamente esas reivindicaciones, planteando ese mismo programa en cada lucha concreta y en el frente electoral, desarrollando una campaña propia independiente, pidiendo el voto crítico a Castillo frente a Fujimori, pero organizando movilizaciones en la calle de trabajadores, mujeres y jóvenes para exigir a los dirigentes de Perú Libre que asuman sus reivindicaciones y no cedan a la presión ni de la burguesía ni de los sectores más reaccionarios de la sociedad, empezando por la Iglesia católica o las iglesias evangélicas.

Junto a ello, hay que llamar tanto a Castillo y Perú Libre, como a los dirigentes de JPP y del resto de organizaciones políticas y sindicales de la izquierda a constituir un frente único para luchar por ese programa socialista, vinculándolo a la necesidad de la acción directa de las masas y la organización y movilización desde abajo, impulsando asambleas y comités de acción en cada barrio, centro de trabajo y estudios, extendiéndolos y unificándolos. La tarea inmediata de estos comités debe ser impulsar la lucha en las calles e impedir la victoria de la derecha. A la vez, y desde ya, deben convertirse en una herramienta para dar continuidad al levantamiento de masas de noviembre de 2020 y luchar por un Gobierno de los trabajadores y el pueblo que ponga todo el poder político y económico en manos de los oprimidos, acabando con el poder de los capitalistas y abriendo el camino a la transformación socialista de la sociedad.  

[1] Según cifras oficiales, Perú supera los 55.000 muertos por Covid 19, otras fuentes elevan esta cifra a más de 100.000. Entre las causas, el deterioro e insuficiencia del sistema público de salud, la informalidad laboral (75,2% de la población activa), que obliga a millones a trabajar en las condiciones que sea, y el incremento de la desigualdad y la pobreza: el 40% de la población está en riesgo de pobreza, el 43,5% de niños menores de 3 años sufre anemia, según OXFAM.

[2] Los cinco partidos burgueses más votados en las anteriores legislativas (enero 2020) pierden casi 2,5 millones de votos (un 40% de retroceso) y ninguno de sus candidatos queda entre los 4 más votados.

[3] Esta Constitución abrió la puerta a privatizaciones masivas y una ofensiva brutal contra los derechos de los trabajadores y campesinos, que ha continuado bajo todos los Gobiernos del país a lo largo de los últimos treinta años.

[4] En la medida que el voto es obligatorio (no hacerlos conlleva multa) hay, especialmente en la primera vuelta, un porcentaje significativo de votos nulos o blancos (entre dos y tres millones).


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