En todos los puntos cardinales del globo la gestión de la crisis económica y sanitaria de los gobiernos capitalistas –motivados únicamente por mantener los enormes beneficios empresariales - están generando una amenazante acumulación de crispación social. Las movilizaciones en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Colombia son un aviso a navegantes respecto al ciclo que se avecina. América Latina no es una excepción. Llueve sobre mojado y los motivos que provocaron estallidos revolucionarios y levantamientos en el último período no han hecho más que exacerbarse.

La pandemia sume a Chile y Ecuador en la miseria y aumenta la polarización social

El colapso sanitario en Chile es profundo: a las privatizaciones y recortes que se iniciaron durante la dictadura pinochetista y que continuaron con los posteriores Gobiernos democráticos, hay que sumar el completo menosprecio de la enfermedad que se ha producido por parte del ejecutivo de Piñera. Su principal preocupación ha sido mantener la actividad productiva a toda costa. Emulando la dinámica seguida por otros Gobiernos reaccionarios como los de Trump o Bolsonaro, Piñera se negó rotundamente a aplicar la “cuarentena total” por la que clamaban los expertos para evitar miles de muertes. A finales de mayo, ya hay cerca de 100.000 contagiados y más de 1.000 muertos.

Según algunos informes, esta gestión criminal de la pandemia podría evolucionar de manera dramática. El Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington afirma que Chile, un país con 19 millones de habitantes, podría rondar los 12.000 muertos por Covid-19 en menos de 3 meses. La tasa de mortalidad se situaría según estas proyecciones en 65,78 por cada 100 mil habitantes: el índice más alto de los países de América Latina.

Esta actitud es un rasgo común con el homólogo ecuatoriano de Piñera, Lenin Moreno. Las macabras imágenes de cuerpos apilados en las calles de Guayaquil al inicio de la pandemia estremecieron al mundo. A pesar de las cifras manipuladas que publica el Gobierno, los cálculos de fallecidos probables por covid-19 superan la barrera de los 6.000. Los contagiados rozan los 40.000. Fuera de las principales ciudades, la red de sanidad pública es casi inexistente, por lo que la dimensión del impacto de la enfermedad puede ser peligrosamente infravalorada.

La gerencia del distanciamiento social por parte de Moreno y su gabinete ha seguido la estela de asegurar el mantenimiento de las cadenas de producción y comercio. A pesar del impacto crítico que ha tenido la pandemia en Ecuador, la cuarentena decretada ha sido localizada, nimia y breve. El nuevo sistema de prevención de contagios se basa en una regulación por zonas tremendamente laxa que está exponiendo a millones al contagio, especialmente a los sectores más golpeados y desprotegidos en el sentido económico y sanitario.

Coronavirus, hambre y desempleo: la mezcla explosiva que reaviva la llama de la revolución chilena

La paralización de una parte importante de los sectores productivos ha dado lugar a un auténtico drama para aquellas personas cuyos ingresos dependen de su trabajo diario informal, que representa al 60% de la población pobre de Chile. La pandemia ha disparado el desempleo hasta el millón y medio de parados, a los que hay que sumar 460.000 asalariados bajo suspensión temporal de sus contratos, fruto de que más de 80 mil empresas se han acogido a la Ley de “Protección al Empleo”. Ante esta debacle social, la administración anunció un supuesto desembolso de ayudas públicas. Pero, como ha ocurrido en otros muchos países, estas subvenciones han ido a parar a los bolsillos de banqueros y grandes empresarios en forma de rescate, llegando a ser Piñera uno de sus beneficiarios.

Esta situación insostenible ha llegado en medio de la mayor crisis revolucionaria en la historia reciente del país. El 18 de octubre del pasado año se iniciaron un torrente de movilizaciones y huelgas, con millones tomando las calles, que estuvieron a punto de derribar al Gobierno de Piñera. El apoyo brindado por los dirigentes sindicales y de la izquierda reformista, quienes tendieron la mano al presidente para aceptar la propuesta de referéndum constituyente lanzada desde el ejecutivo, es la única razón por la cual Sebastián Piñera sigue ocupando el Palacio de La Moneda.

Ante este panorama la respuesta de la población no se ha hecho esperar. Las caceroladas, manifestaciones espontáneas e incluso barricadas han vuelto a ser la norma, especialmente en Santiago, donde fueron duramente reprimidas. Uno de los puntos donde más lejos llegaron estas protestas fue en la isla de Chiloé, situada en la  céntrica región de Los Lagos. Debido a la negativa institucional de paralizar por completo la actividad productiva de la zona, los trabajadores pasaron a la ofensiva cerrando los accesos a la isla, cortando carreteras y declarando la huelga en varias empresas salmoneras, que tienen un gran peso económico en la región. Una vez más, la respuesta del Gobierno ha sido el envío de las fuerzas armadas para acabar con las protestas, procediendo a la detención de activistas y dirigentes sindicales.

El hambre ha sido otro aliciente de las protestas, tal y como se ha visto en las comunas pobres del sur de Santiago, concretamente en la Comuna de El Bosque. El incremento en la virulencia de las protestas ha quedado reflejado en las escaramuzas entre la población y las fuerzas especiales del ejército, desplegadas por los barrios. Por ahora, el saldo represivo es de más de una decena de heridos y 8 detenidos.

Para intentar frenar las protestas, Piñera se ha visto obligado a anunciar la entrega de canastas de comida a 2,5 millones de personas. Una limosna que - intentando ser un gesto populista -  le ha valido de muy poco. Las caceroladas y muestras de solidaridad frente a la insurrección de El Bosque no han dejado de sucederse en las últimas semanas y han copado titulares a nivel internacional.

La unidad nacional de Piñera: la estrategia de la burguesía para paralizar a la clase trabajadora

La pandemia ha brindado a Piñera el pretexto ideal para intentar consolidar un bloque de  concentración nacional junto a la oposición. Frente a la crispación creciente, el presidente ha hecho llamamientos continuos a firmar un “gran acuerdo nacional” insistiendo a todas las fuerzas políticas y sindicales en que abandonen las críticas a su gestión para remar todos unidos en la misma dirección – es decir -  a hacer todo lo posible para proteger la estabilidad del orden capitalista. Un auténtico chantaje que por desgracia ha sido aceptado por el Partido Socialista de Chile (PSCh) y el Frente Amplio (FA), presentes en la negociación de este pacto el pasado 29 de mayo.

La actitud del Partido Comunista Chileno (PCCh) no ha sido muy distinta en el fondo. Aunque se han negado a participar en las negociaciones con Piñera, han dejado abierta la puerta a llegar a un acuerdo en el futuro si el presidente presenta “algún proyecto que realmente favorezca a la mayoría del país, a los trabajadores y trabajadoras, adultos mayores, jóvenes, mujeres y pueblos indígenas”. ¿Sentarse a negociar con el máximo responsable del asesinato de 30 manifestantes y de 22.000 detenidos? ¿Con el mando superior de los milicos y policías que torturan y violan en los cuarteles? ¡Es un completo insulto a quienes se han jugado la vida durante meses en las calles!

La alternativa propuesta por el Partido Comunista frente a una de las mayores crisis económicas y humanitarias de la historia del país ha sido exigir un impuesto equivalente al 2,5 % del patrimonio de las personas más ricas. Pero lo que se ha puesto sobre la mesa en Chile en el último período  ha sido la necesidad de transformar en líneas socialistas la sociedad para acabar con la miseria y la fuerza enorme que hay para hacerlo realidad. Luchar por un programa de ruptura con el capitalismo es lo que debería defender la dirección del PCCh si quiere realmente aportar a la lucha y lograr las reivindicaciones del movimiento, en vez de plantear este tipo de medidas completamente conservadoras e insuficientes que no solucionarán los problemas de las masas.

Lenin Moreno vuelve a la ofensiva: “Paquetazo 2.0”

Por su parte, y en una sincera muestra de su bajeza política y de su compromiso consecuente con el establishment ecuatoriano, el presidente Lenin Moreno ha aprovechado el impasse de la pandemia para lanzar una nueva ofensiva económica que nada tiene que envidiar al “paquetazo” planteado en el último trimestre el año pasado, obedeciendo al mandato del FMI. Ese conjunto de medidas fue echado atrás después de diez días de protestas y marchas incendiarias, en las cuales decenas de miles de indígenas, apoyados por la juventud y el movimiento obrero local, ocuparon la ciudad de Quito e hicieron huir al ejecutivo de la capital.

Tomando nota de las lecciones aprendidas, los nuevos ajustes se esconden bajo fórmulas imprecisas e inconcretas. Por un lado, bajo el nombre falaz de Ley Humanitaria, se esconde una contrarreforma laboral sin precedentes, cuyos aspectos más lesivos consisten en bajadas de cotizaciones de hasta un 55%, reducción de jornada y salario de todos los funcionarios públicos o desregularización de las vacaciones. Siguiendo con los recortes, el gasto público será rebajado 4.000 millones de dólares, acompañado del cierre de empresas nacionales como la aerolínea TAME. Aunque Moreno no elimina el subsidio al combustible -  una de las principales reivindicaciones del movimiento en octubre del 2019 - en una descarada artimaña da una vuelta de tuerca mucho mayor: el plan consiste en vincular el precio de los carburantes al precio del barril de petróleo, que ahora está bajo mínimos. Pero en el momento en el que el valor suba y  - teniendo en cuenta que los combustibles podrían hasta doblar su precio – esto tendrá el efecto de encarecer enormemente los productos básicos. Si a esto le sumamos que la inflación ahora mismo no deja de subir, las perspectivas de estas medidas para la economía doméstica son simple y llanamente aterradoras.

Un horizonte de profundización de la lucha de clases en el Ecuador

Las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población ecuatoriana están al límite. La propia Organización Internacional del Trabajo tasa en 65% el trabajo informal, es decir, en medio de la pandemia, más de la mitad de la fuerza laboral del país ha dejado de percibir ingresos. Para la población laboralmente activa en la economía formal la situación no es mucho más amable: el 14% ingresa menos de 80 dólares mensuales y el 3% está bajo el umbral de la pobreza extrema.

No es de extrañar que, a pesar de la resaca de las luchas del año pasado y del shock que ha supuesto la pandemia por el covid-19, el pasado lunes 25 de mayo miles de personas marcharan en Quito y Guayaquil convocados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Exigían la retirada del nuevo paquete de medidas neoliberales de Moreno, dando un serio  aviso de los choques que se vienen. Mientras tanto, el correísmo, a través del Movimiento Fuerza Compromiso Social, que ya fue totalmente irrelevante en la explosión social del 2019, simplemente ha declarado que recurrirá el nuevo paquetazo. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) no se sumó a las protestas debido a las indicaciones sanitarias y contradictorias del Gobierno, que señala la viabilidad de acudir al trabajo, pero no a las protestas. Sin embargo, ya ha anunciado que prepara movilizaciones, pues la convulsión en sus bases ha supuesto todo un terremoto.

Solo la lucha revolucionaria puede acabar con la miseria

El acuerdo con el que terminaron las movilizaciones de octubre en el Ecuador se basó en la tibia promesa de un Lenin Moreno totalmente acorralado, debilitado y aislado de retirar el “Paquetazo”. A pesar de tener un balance de fuerzas extraordinariamente favorable, hasta el punto de que la cuestión del poder se puso sobre la mesa, la CONAIE firmó dicho pacto, desmovilizando al conjunto del movimiento, sin ni siquiera exigir la renuncia de Moreno, el juicio de los policías asesinos de manifestantes o un plan de inversiones públicas. Repitiendo el frente único de las recientes luchas pasadas, la CONAIE, la CUT y el Frente Unitario de Trabajadores tienen la fuerza para impulsar un nuevo plan de movilizaciones. La muestra de fuerza demostrada y la traición de Moreno son argumentos de sobra para llegar a cientos de miles de ecuatorianos y ecuatorianas ansiosos por luchar contra el Gobierno del FMI.

Coincidiendo con Moreno, para Sebastián Piñera los acuerdos con las fuerzas reformistas y parlamentarias, por más limitados que sean, se convierten automáticamente en papel mojado. Sacando tajada del desconcierto por la crisis de salud pública, el referéndum constituyente ha sido pospuesto sine die en Chile. Mientras tanto el Gobierno de la derecha aprovecha para tomar posiciones, plenamente consciente de la fase en la que nos adentramos. Los dirigentes del Partido Comunista de Chile, de la Mesa de Unidad Social y de los sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) deberían estar haciendo llamamientos a la lucha, a la huelga general y a la ocupación de fábricas para exigir la caída del Gobierno de Piñera.

En estos meses ha quedado más claro que nunca lo absolutamente criminal que es este sistema y la necesidad imperiosa de acabar con él. Las clases populares en Latinoamérica han demostrado estar a la altura del momento histórico sin lugar a dudas. De norte a sur en el conjunto del continente el nivel de conciencia de millones está dando pasos de gigante, a la vez que se produce un salto adelante en la organización de las masas y los enfrentamientos con las fuerzas represivas, a nivel cuantitativo y cualitativo. Las masas de Chile y Ecuador tienen en sus manos la fuerza para imponer el cese de la actividad productiva mientras exista riesgo para la salud. Mucho más, tienen la fuerza para imponer la nacionalización del conjunto del sector sanitario, farmacéutico, y del conjunto de las palancas de la economía. Sin embargo, estas conquistas son plenamente inviables de la mano de los que oprimen y sirven exclusivamente a los intereses de los capitalistas: no hay salida en la política de unidad nacional y pactos con la oligarquía. La lucha por una vida digna de ser vivida pasa inevitablemente por la lucha por el socialismo.

¡Abajo Piñera!

¡Fuera Lenin Moreno!

¡Por la Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina!


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