Sólo acabando con el control de la economía por los capitalistas se puede recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

El pasado 12 de agosto se anunció un nuevo aumento salarial, el tercero de lo que va de año, quedando de la siguiente manera: sueldo mínimo Bs. 22.576,80 y cesta ticket Bs. 42.480,00. Dichos aumentos representan el 50% y el 100% respectivamente. En circunstancias normales el que suban los salarios es una gran noticia para los trabajadores. Sin embargo, en la medida que el control de la economía venezolana sigue en manos de los capitalistas, y que la política del Gobierno Bolivariano en los últimos tiempos está siendo la de aceptar las subidas de precios que estos plantean, el resultado es que todo este escenario, que diera la impresión de ser favorable para el trabajador, es todo lo contrario y nos somete a una situación de más precariedad por los abultados precios de los productos alimenticios, medicamentos, servicios públicos entre otros, eso sin contar con el desabastecimiento y mala calidad de los servicios.

Otro de los aspectos negativos de las últimas subidas salariales decretadas es que la parte del salario que contabiliza para las prestaciones sociales del trabajador está siendo minimizada en relación al cesta ticket, abaratando el despido y desmejorando al trabajador, puesto que los aumentos del cesta ticket no generan incrementos en los cálculos para las prestaciones sociales. Esto golpea el poder adquisitivo presente y futuro de los trabajadores, beneficia a los empresarios y rompe con el legado de Chávez, que llegó a plantear mediante ley que el cesta-ticket no debería superar el 30% del salario total.

Aumento de salario vs especulación

Automáticamente -luego del anuncio del aumento salarial- suben los precios de todos los productos y servicios. ¿A qué se debe esto? Naturalmente, los empresarios trasladan los costos al precio final de sus productos de tal manera que su tasa de beneficio no se vea afectada y, de por sí, estos aumentos en los precios de las mercancías sobrepasan de manera significativa los ingresos diarios de un trabajador con sueldo mínimo. El día de un trabajador es pagado a Bs. 760,00, si lo comparamos con el precio de una lata de sardinas de 270 gr. (que ronda los Bs. 980,00) ésta equivaldría aproximadamente a un día y medio de trabajo. Si hacemos la comparación con la barra de pan de canilla, la más básica (300 bs), el salario de toda una jornada de trabajo apenas alcanza para comprar dos panes.

El 2015 la inflación cerró en 275% y las previsiones del FMI para este año es de 720% (http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/internacional/fmi-preve-720--de-inflacion-en-venezuela-para-2016.aspx). Se trata de datos de un organismo imperialista, pero la realidad cuando uno va a cualquier mercado es que los precios suben semana a semana y están completamente fuera de control. La canasta alimenticia ronda los Bs. 138.978,00 (http://www.hinterlaces.com/analisis/economia/despues-del-operativo-militar-cesta-petare-sube-en-julio-a-bs-138-978 tomando los precios del mercado negro o “bachaqueo”. A falta de datos oficiales estos datos muestran con más cercanía la realidad del bolsillo del venezolano. Incluso el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) habla que hasta junio-julio se requerían 18,4 salarios mínimos para abastecer la canasta básica familiar. A continuación mostraremos un cuadro de los principales productos regulados que se comercializan en el mercado negro a mediados del mes de julio:

GRAFICO PRECIOS VENEZUELA

La comparación de los precios regulados con los precios “bachaqueados”, mostrados más arriba, distan de manera asombrosa. Por sólo poner un par de ejemplos la harina pre-cocida (que originalmente su precio regulado era de 19 bolívares) pasó a ser de 190 bolívares, el pollo que costaba 65 bolívares ahora aumentó a 850,37 bolívares, y un paquete de ocho toallas sanitarias costará Bs. 114.77 bolívares. Estaríamos hablando de que las diferencias pueden llegar a ser de 1200% o 900% aproximadamente, aunque medios opositores hablan de 2.681 %.

¿Es necesaria otra ley que regule los precios?

Lo que nos dice la historia reciente es que las disposiciones legales se convierten en letra muerta cuando el control de la economía sigue en manos privadas. Tan sólo basta con recordar el aumento de los huevos a Bs. 420,00 a finales del año pasado, trayendo consigo desabastecimiento del rubro y forzando nuevas subidas. De la misma forma esto aplica con productos sustitutivos como por ejemplo el papel toilet y las servilletas, el primero (regulado) desaparecido y el segundo visto con más frecuencia en los anaqueles pero a un precio dos o tres veces superior al del producto regulado. De la misma forma, estos desequilibrios en la economía ha provocado aumentos significativos en hortalizas, tubérculos, y granos casi diarios.

Las medidas para regular los costos y precios son insuficientes y no surten el efecto esperado puesto que, como hemos explicado los marxistas una y otra vez, el capitalismo no acepta ningún tipo de regulación ni control. Los empresarios mantienen intacto su control en la economía (el 75% PIB no petrolero y el 98% de las empresas, según Elías Jaua, está en sus manos) Mientras siguen recibiendo dólares a precio preferencial, por el otro lado fijan los precios de las mercancías a dólar paralelo.

La alternativa para luchar contra el desabastecimiento no puede ser nombrar desde arriba estructuras para repartir bolsas de comida a unos sectores de la población mientras a otros no se les da respuesta, como ha ocurrido con los CLAP. Hemos insistido en artículos pasados en que la organización de base debe apoyarse en asambleas populares de trabajadores elegibles y revocables en todo momento, que no cobren más que un trabajador cualificado, rotación de los cargos, etc. Si no se hace de este modo el resultado será enfrentar pueblo con pueblo y que la contrarrevolución y los especuladores (tanto si son capitalistas como burócratas del estado) sigan con sus negocios.

La única alternativa que puede garantizar el abastecimiento de la población a precios justos es, tal como hemos propuesto diferentes sectores del movimiento revolucionario durante los últimos años, un monopolio estatal del comercio exterior que permita acabar con el desvío tanto de las divisas generadas por PDVSA como de los productos regulados producidos en el país o importados al mercado paralelo. Además, la empresa encargada de ejecutar ese monopolio estatal y administrar las divisas que pertenecen al conjunto del pueblo venezolano no puede estar en manos de burócratas sino bajo el control y administración directa de los trabajadores y el pueblo. Sólo así acabaremos con la quinta columna de corruptos que se disfrazan de rojo y dañan la revolución desde dentro. Junto a ello deben abrirse los libros de cuentas e inventarios de las empresas públicas y privadas a la inspección de los trabajadores y el pueblo (como propusieron los trabajadores revolucionarios de RABSA), que ningún cargo público ni dirigente cobre más que un trabajador cualificado, que haya rotación de los cargos, etc.

¡No al abandono del legado de Chávez! Los acuerdos con los empresarios significan golpear a los trabajadores

Lamentablemente la respuesta del gobierno a la inflación de los precios y el desabastecimiento de productos básicos no está siendo ninguna de estas medidas revolucionarias sino la de abandonar el legado de Chávez en aspectos fundamentales, cediendo a muchas de las exigencias de los empresarios, concediéndoles más divisas (que seguirán empleando para especular y llenarse los bolsillos) y esperando que sean ellos quienes se encarguen de reactivar la producción y estabilizar la economía.

Según explicaba el propio Ministro de Comercio Exterior, Jesús Farías, en el programa Siete Preguntas de Ernesto Villegas en VTV, la posición del gobierno es la de seguir concediendo dólares y establecer una “alianza productiva” con los empresarios: “cubriendo costos y garantizando tasas de ganancia razonables, de tal manera que los precios sirven para estimular la producción (…) para competir con las importaciones y también para promover exportaciones. (…) Hay enormes esfuerzos para diseñar una política fiscal, ya se está haciendo, mucho más razonable y racional en cuanto a la inversión social, los subsidios direccionarlos hacia los diferentes sectores de la sociedad (con esto Farías se refiere fundamentalmente a los empresarios aunque no lo diga claramente, nota nuestra) en lugar de invertir en los productos y a través de los precios. (…) De tal manera que hay elementos clave y la relación con el sector privado que ha mejorado de una manera extraordinaria” (Siete preguntas a Jesús Farías, Entrevista en VTV con Ernesto Villegas http://americaxxi.com.ve/siete-preguntas-con-jesus-fariaspor-ernesto-villegas/).

Por si fuera poco, Farías defiende ir hacia la unificación cambiaria, tal como vienen solicitando los empresarios desde hace tiempo, olvidando que si Chávez decretó el control de cambios fue precisamente para frenar la sangría que representaba para la economía venezolana la fuga de divisas que los empresarios ya en aquel entonces llevaban a cabo. El problema no es la existencia de un control de cambios sino que éste se ha intentado aplicar dentro del capitalismo y nunca ha ido unido a la nacionalización y planificación democrática de la economía.

Otra medida clave para combatir las maniobras de los capitalistas que tampoco se ha querido aplicar es la abolición del secreto comercial. De esta forma quedarían al descubierto los reales costes de producir o de comercializar mercancías. La burguesía parásita tiene el descaro de admitir a través de uno de sus portavoces, como lo es Guillermo Zuloaga, que especulan pero dan empleo. Es por eso que se hace necesario implementar la abolición del secreto comercial. En palabras de Lenin: “sin abolir el secreto comercial, el control de la producción y la distribución no irá más allá de una promesa vacía, útil únicamente para que los demo-constitucionalistas [burguesía] engañen a los eseristas y mencheviques [burócratas y reformistas], y estos, a su vez a las clases trabajadoras, o se realizará sólo con medidas y procedimientos burocráticos reaccionarios”.

El resultado de buscar una alianza con los empresarios para intentar gestionar la crisis del capitalismo, en lugar de aplicar medidas genuinamente socialistas, sólo puede ser el de aplicar despidos masivos, como vemos en la Red de Abastos Bicentenario y otras empresas públicas (cementeras, Fama de América,..), trabas y represión de los derechos sindicales, una política desde el Ministerio y las Inspectorías de Trabajo que en la práctica en lugar de favorecer a los trabajadores prima los intereses empresariales al paralizar la formación de decenas de sindicatos, aceptar despidos y no ejecutar reenganches, aumentos significativos en los precios de los productos de primera necesidad, aumento de la gasolina, pago en función a la producción en el caso de los trabajadores petroleros, reprivatización de empresas básicas de Guayana, etc. También forman parte de esta lógica las recientes declaraciones de Eulogio del Pino defendiendo extender la privatización (por pedazos y a escondidas) que, según el propio Ministro de Energía y Petróleo, ya está en marcha en áreas estratégicas como la Faja Petrolífera del Orinoco o el Arco Minero a las empresas nacionalizadas por Chávez en 2009 en el Lago de Maracaibo (http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/industrias/arias--nominas-de-empresas-basicas-deben-pagarse-c.aspx)

El comandante Chávez no sólo se opuso a la privatización de empresas públicas y llevó a cabo numerosas nacionalizaciones para defender los puestos de trabajo, la soberanía del país y los derechos de la clase obrera, también defendió que en las empresas nacionalizadas “quienes deben mandar son los trabajadores” (Encuentro con los trabajadores de las empresas básicas de Guayana de 2009) Tampoco se está haciendo esto. Las empresas del estado son dirigidas por funcionarios al margen del control de las bases, que no rinden cuentas ante éstas e incluso aplican políticas anti-obreras, como vemos en RABSA donde, a pesar del compromiso público del Presidente Maduro de que se mantendrían los puestos de trabajo, van ya más de 2800 trabajadores despedidos, tal como han denunciado el PCV, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y otros factores revolucionarios. O lo que ocurre en otras muchas empresas públicas, donde se le niegan subidas salariales a los trabajadores, se mantienen contratos colectivos vencidos e incluso se plantea, como hacía recientemente el Ministro de Industrias Básicas, Juan Arias, que los salarios vayan ligados a la productividad de las empresas, tal como defienden los capitalistas habitualmente.

El único modo de resolver los problemas que sufre la economía venezolana y recuperar el ánimo a las masas, incluidas las bases revolucionarias que están siendo golpeadas por burócratas que hablan en nombre de la revolución y de Chávez pero se acercan cada vez más a la burguesía (muchos de ellos incluso se han convertido ya en empresarios) es expropiar el conjunto de la banca, la tierra y las grandes empresas y que todo el poder político y económico pase de manera inmediata a manos de la clase trabajadora y el pueblo.

 


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