La economía brasileña, primera de América Latina y sexta del mundo, atraviesa su peor momento en décadas. La crisis de la economía china, su principal socio comercial, está teniendo efectos devastadores. Implicado directamente en el escándalo de corrupción en Petrobras, acosado por sectores de la derecha que piden su dimisión y de los mercados internacionales que exigen reformas drásticas, el gobierno encabezado por Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), se ha lanzado a una ofensiva brutal contra su base social anunciando un plan de ajuste salvaje.

Los nubarrones chinos, un huracán para la economía brasileña

Durante los primeros siete meses las exportaciones de Brasil a China cayeron un 23,6% en comparación con el mismo período de 2014. Entre abril y junio el PIB se contrajo un 1,9% respecto al primer trimestre del año, en el que ya se había producido una contracción del 0,7% y se espera que la caída del PIB se prolongue durante dos años. El real brasileño se ha hundido un 42% respecto a septiembre de 2014.
Las previsiones de inflación para 2015 superan el 9%. Esta inflación se come los salarios mientras el desempleo crece rápidamente —del 5% al 7,5% en un año—, y las previsiones apuntan a un empeoramiento; entre julio de 2014 y julio de 2015 se habían destruido 780.000 empleos y la Federación de Industria de Río de Janeiro estima que durante 2015 se destruirán entre 1,2 y 1,6 millones de empleos. La caída del consumo es del 2,1%, mientras que el consumo de las familias lo hace un 4,2%.
Las repercusiones en los países socios de Brasil en el Mercosur están ahí: entre enero y julio sus ventas a Brasil registraron una caída del 23% respecto al 2014. Las exportaciones de Brasil al Mercosur cayeron a su vez un 13%.

Ataques a la clase trabajadora en medio de escándalos de corrupción

En octubre de 2014 el PT ganó las elecciones con un discurso de defensa de los trabajadores, pero Dilma Rousseff no tardó en anunciar aumentos en los precios regulados (transporte, energía, etc.), privatizaciones, despidos de trabajadores públicos, reducción de pensiones y aumento del período necesario para cobrar el desempleo, de 6 a 18 meses trabajados.
En este escenario estalla el caso de corrupción en Petrobras, 54 personajes de la alta política brasileña, entre ellos miembros del PT, implicados en el saqueo de 2.000 millones de euros de la mayor empresa pública del país a través del amaño de contratos y sobornos realizados en la etapa en la que la dirección de Petrobras estaba en manos de Dilma Rousseff.
En septiembre de 2015 Standard & Poors rebajaba la calificación de la deuda brasileña a “bono basura”. Como respuesta el gobierno lanzaba un nuevo paquete de medidas: congelación del salario de empleados públicos y de la convocatoria de plazas, recorte del 30% en el programa de vivienda y eliminación de 10 ministerios. Mientras tanto, el PT intenta conseguir apoyos parlamentarios para sortear la crisis de gobierno echándose aún más en brazos de la burguesía, negociando la cesión de ministerios clave al partido de la derecha Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que ya ocupa importantes posiciones en el gobierno.
En todo este tiempo la derecha ha tratado de aprovechar en su propio beneficio el descontento social. Con el estallido del caso Petrobras se lanzó a la calle impulsando lo que se conoce como impeachment, la petición de un juicio político a Dilma para su destitución. Pero, junto a esto, el despertar del movimiento obrero que se inició en 2013 continúa profundizándose y las brechas en la base social del PT se agrandan.
Los trabajadores públicos están protagonizando importantes movilizaciones; los del correo postal están en huelga indefinida por mejoras laborales al igual que los profesores universitarios, que llevan ya cuatro meses de huelga, las marchas contra la austeridad se suceden y confluyen con otros sectores como el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) que continúa con las ocupaciones de ministerios de Hacienda en distintas ciudades. El cóctel es explosivo y la perspectiva es de una gran inestabilidad política y social que sin duda marcará el futuro de la lucha de clases en toda América Latina.