El 29 de mayo la clase obrera argentina paralizaba el país en la quinta huelga general contra el gobierno del empresario Mauricio Macri. Hasta los medios de comunicación capitalistas han tenido que reconocer el éxito de la movilización. El diario El País afirmaba con rotundidad que “Argentina estuvo hoy paralizada”, y el periódico argentino Clarín señalaba que “el paro afectó el funcionamiento de los servicios de colectivos, trenes, subtes, aviones, barcos y camiones, además de los bancos, escuelas y universidades, la administración pública y la justicia”. El propio Gobierno ha tenido que admitir un impacto económico superior al de la anterior huelga general del 29 de abril.

Crisis económica y devastación social

Tres años y medio después de que Macri llegase al poder, el aumento de los precios de los alimentos y el desempleo marcan el día a día de millones de familias argentinas. Durante sus primeros meses de mandato, Macri aprobó 40 decretos que representaron una declaración de guerra contra la clase trabajadora: aumentos atroces del precio de la electricidad, gas, agua y transporte (entre 200% y 1.300%), despidos de miles de empleados públicos, reforma rebajando las pensiones, reforma laboral con despido sin causa ni indemnización, etc. Además, en junio de 2018 acordaba con el FMI el préstamo más grande jamás concedido por este organismo a un país (50.000 millones de dólares) a cambio de un plan de ajuste brutal.

La economía argentina entró en recesión el pasado año, sufriendo una dura caí­da del 2,6% del PIB, con un descenso de la actividad industrial del 5% el año pasado. En menos de un año la deuda externa ha pasado del 40% al 80% del PIB y la inflación es galopante, alcanzando el 15,6% en lo que va de año y un 55,8% a nivel interanual. A esto hay que añadir que más de 190.000 trabajadores y trabajadoras perdieron su empleo en 2018, llegando a 1,7 millones de desemplados (9,1%) en el último cuatrimestre del año, la cifra más alta desde 2005.

El salario real cayó un 12%, mientras que la inflación interanual para una familia pobre es del 61,5%, con gran impacto en los precios de los alimentos (18,7% en lo que va de año). La tasa de pobreza alcanzó el 33,6% en el tercer trimestre de 2018, la más alta de la década, aumentando un 20% interanual. El 46% de los niños y jóvenes son pobres, el 10% es indigente, 3,2 millones no disponen de acceso al agua corriente y 9,5 millones carecen de sistema de alcantarillado.

Contra esta situación devastadora, maestros, trabajadores públicos, pensionistas, mujeres y centenares de colectivos han salido masivamente a las calles, generando una presión que ha desbordado a las direcciones sindicales de la CGT, la CTA y la CTA-A, que se han visto obligadas a convocar cinco huelga generales, rompiendo con su actitud conciliadora y su estrategia de imponer la paz social. Carlos Acuña, dirigente de la CGT, reflejando esa posición, insistía en que el paro “no es político, no es contra nadie” para admitir a continuación que “la gente nos estaba pidiendo alguna manera de acción para enviar un mensaje al gobierno nacional” (Clarín, 29/05/19).

El regreso de CFK y los límites del reformismo

En este contexto, a cuatro meses de las elecciones presidenciales, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) ha anunciado su precandidatura a la vicepresidencia por la Alianza Cívica (plataforma electoral kirchnerista), con Alberto Fernández como número 1 y precandidato a presidente del Gobierno.

Este anuncio ha generado ilusión entre capas importantes de trabajadores, que desearían incluso que CFK fuese la candidata debido al recuerdo que guardan de su período como presidenta y el de su antecesor Néstor Kirchner.

Aunque los gobiernos kirchneristas no tocaron los puntos fundamentales del sistema, el crecimiento económico les permitió realizar ciertas reformas sociales y medidas progresistas en el terreno de los derechos democráticos, como los juicios a los responsables de los crímenes de la dictadura. Esto les dio mucho apoyo social, pero al mantener las estructuras capitalistas intactas proliferaron los casos de corrupción y se afianzó un modelo dependiente de las materias primas y del dominio de los monopolios imperialistas sobre sectores económicos estratégicos y la precariedad laboral.

La incapacidad de las políticas reformistas para solucionar los problemas de las masas y el nombramiento por parte del kirchnerismo de un candidato derechista, Daniel Scioli, allanó el terreno para que Macri venciera, y no un supuesto giro a la derecha de la sociedad argentina como apuntaban sesudos analistas y dirigentes de la izquierda reformista.

Alberto Fernández es un dirigente político que ha participado en distintos sectores del peronismo —apoyando primero, criticando después y apoyando recientemente de nuevo al kirchnerismo—, que ha ocupado altos cargos en distintos gobiernos y que tiene muy buenas relaciones con empresarios. Su elección como precandidato a presidente pretende lanzar un mensaje de calma a la burguesía argentina mientras que, por otro lado, el deseo de muchos trabajadores es que el regreso de CFK implique un cambio social profundo.

Las tareas de la izquierda revolucionaria

Las potentes movilizaciones contra el Gobierno de Macri expresan el nivel de conciencia de la clase trabajadora argentina, que comprende que la lucha en las calles es fundamental para conseguir sus reivindicaciones y no deposita una ingenua esperanza en que únicamente las medidas implementadas desde las instituciones capitalistas puedan solucionar sus problemas. Ante esta situación se encontrará, si vence, un nuevo gobierno kirchnerista.

La principal fuerza de izquierda que se reclama marxista en Argentina es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que obtuvo más de 800.000 votos en 2015 y 3 diputados fruto del ambiente social combativo existente. La postura luchadora del FIT le ha labrado votos y confianza entre una nueva capa de trabajadores, reflejando que existe un amplio espacio para seguir construyendo las fuerzas revolucionarias en Argentina.

No obstante, si el FIT quiere ser una alternativa real para el conjunto de los trabajadores y aumentar significativamente su apoyo debe romper su sectarismo hacia el peronismo de izquierdas. Meter en el mismo saco a CFK y Macri, sin tender un puente para ganar influencia en la base social del peronismo de izquierdas que lucha contra la derecha oligárquica, es un error. Esta postura resta influencia a las legítimas críticas del FIT contra las políticas procapitalistas de los gobiernos kirchneristas y la aceptación del pago de la deuda y acuerdos con el FMI que ya ha anunciado Alberto Fernández.

En el ámbito sindical, el FIT critica correctamente a las direcciones sindicales peronistas, exigiéndoles seguir la lucha en las calles sin esperar a las presidenciales de octubre, pero debe hacer un llamamiento al frente único con las tendencias, afiliados combativos de estos sindicatos para impulsar no sólo un proceso huelguístico amplio contra Macri, sino también una alternativa socialista que plantee nacionalizar la banca, los monopolios y sectores estratégicos de la producción, como única manera de acabar con el drama social que viven millones de argentinos.

El actual colapso económico hace inevitable recordar el corralito y la posterior explosión social conocida como Argentinazo en 2001. Todos los elementos para el estallido de una crisis revolucionaria están presentes. La gran tarea de los marxistas es construir una dirección revolucionaria a la altura de la combativa clase trabajadora argentina.