El 15 de marzo Brasil vivió un día nacional de luchas contra las reformas antiobreras aplicadas por el gobierno ilegítimo de Michel Temer. Fue la movilización popular y de trabajadores más importante desde que Dilma Rousseff (PT) fue echada del poder. Estas luchas han preparado el camino para la gran huelga general convocada para el 28 de abril.

Las acciones de marzo fueron convocadas de manera unitaria por las centrales sindicales y por el frente Pueblo Sin Miedo (que incluye al MTST, el Movimiento de Trabajadores Sin Techo) y el Frente Brasil Popular (dominado por movimientos sociales más cercanos al PT y a Lula). Hubo paros laborales, bloqueos de carreteras y manifestaciones masivas en cada capital de estado.

Los trabajadores de educación llevaron a cabo una huelga general de 24 horas. Los trabajadores del transporte también fueron a la huelga en varias ciudades, incluyendo la metrópoli de Sao Paulo. Los trabajadores del sector público, los trabajadores de correos, además de los metalúrgicos, petroleros, bancarios y estibadores participaron en huelgas parciales y manifestaciones. En Sao Paulo, movimientos de lucha de las mujeres ocuparon las oficinas del Instituto Nacional de Seguridad Social. En Brasilia el MTST (sin techo, urbanos) y el MST (sin tierra, rurales) ocuparon el Ministerio de Hacienda.

A pesar del deplorable papel de los grandes medios de comunicación de la burguesía, hubo un enorme apoyo popular a las protestas y las huelgas. Cientos de miles de personas llenaron las calles de las principales ciudades. Los organizadores dicen que 200.000 marcharon en Sao Paulo y 100.000 en Río. Las manifestaciones reflejaron un nuevo ánimo con más confianza en la lucha.

La huelga general es la respuesta a la aprobación de una ley que permite la ampliación generalizada de la tercerización (precarización), medida que hará que el número de trabajadores subcontratados aumente de los 13 millones actuales a más de 52 millones. Además, el gobierno tiene previsto un proyecto de ley que permitiría que acuerdos de empresa supriman derechos previstos en la ley, y una contrarreforma salvaje del sistema de pensiones públicas.

Los ataques más grandes en años

El gobierno ilegítimo de Temer sólo existe para imponer profundos ataques a los derechos de la clase obrera en el contexto de la mayor crisis económica en décadas. Esa fue la razón fundamental para las maniobras golpistas que llevaron al impeachment de Dilma en 2016 a pesar de todos los intentos de conciliación por parte del PT.

El gobierno Temer funciona como un ejecutivo de “excepción”. No fue votado por nadie y no tiene legitimidad pero cuenta con una gran base de apoyo en el congreso. Amenazado por las investigaciones de corrupción de la operación “Lava Jato”, Temer, junto a los parlamentarios y senadores que le apoyan, quiere garantizar su impunidad demostrando su utilidad al gran capital.

Desde el año pasado el gobierno ha aprobado duras medidas, como la enmienda constitucional que, en la práctica, congela todo el gasto público durante veinte años, o la reforma de la educación secundaria. Sin embargo, las contrarreformas más importantes son las que aún no se han aprobado. La primera es la reforma de las pensiones que eliminará la posibilidad de una jubilación digna para la mayoría, fijará la edad mínima de jubilación en 65 años, ignorando que ¡la esperanza de vida en muchas zonas no es mucho mayor! La reforma reduce el valor de las pensiones y serán necesarios 49 años de cotización para acceder al 100% de la pensión.

También aumenta el número mínimo de años cotizados de 15 a 25. Actualmente 8 de cada 10 jubilados por haber alcanzado la edad legal no han contribuido ese mínimo de 25 años y, por tanto, no podrían jubilarse. Además, la reforma eliminará los derechos conquistados por las mujeres trabajadoras, los profesores y los trabajadores rurales.

Un paso histórico

Si Temer no logra aprobar estas reformas el gobierno podría caer. Si no es útil al gran capital, Temer difícilmente podrá librarse de las innumerables acusaciones de corrupción. El gobierno y el congreso han sentido la fuerza de las protestas. Muchos parlamentarios se mostraron favorables a hacer cambios en las reformas proyectadas. Parte de la dirección sindical podría aceptar este camino de “mejorar” el proyecto y esto es un riesgo real para la lucha.

Lula ha vacilado en su posición sobre estas reformas. En el primer año de su gobierno (2003) adoptó una contrarreforma retrógrada de las pensiones. Sabe que si el PT estuviera en el gobierno intentaría aplicar medidas similares. Sin embargo, el 15 de marzo Lula hizo un discurso contra las medidas de Temer. Aunque no dijo nada sobre la necesidad de que las grandes empresas paguen sus deudas al sistema de pensiones, o sobre crear tasas que graven las grandes fortunas, ni de auditar y repudiar la deuda pública que compromete más de 40% del presupuesto. Lo más lejos que llegó fue a decir que el hipotético crecimiento económico bajo “su gobierno” resolvería los problemas. No explicó por qué la crisis del modelo de crecimiento económico de los gobiernos del PT, basado en la exportación de materias primas, estímulo al gran capital y la conciliación de clases, es lo que abrió la puerta a los neoliberales radicales que integran el gobierno hoy.

Lo fundamental es que la presión colosal del movimiento obrero, y la dureza de las medidas proyectadas por el gobierno Temer han hecho posible la convocatoria de una huelga general para el próximo 28 de abril. “Vamos parar o Brasil” es el eslogan adoptado por el conjunto de los sindicatos, CSP-Conlutas, CTB, CUT, UGT, Força Sindical, Intersindical, CSB, CGTB e Nova Central. Una huelga general que será una gran demostración de fuerza y que puede abrir el camino a la victoria si la presión se sostiene en el tiempo.

La LSR/CIT, como parte del PSOL, de la central CSP-Conlutas y del frente Pueblo Sin Miedo, participará activamente en la organización de esta huelga. Al mismo tiempo que luchamos por su éxito, estamos en contra de la negociación para “mejorar” las contrarreformas por que es una trampa para el movimiento. La convocatoria de la huelga general es ya un éxito de los sectores más combativos y consecuentes de la izquierda. Ahora hay que dotar a este proceso de una alternativa política de la izquierda socialista, un frente único con los partidos y movimientos combativos que permita superar al PT y presentar un programa socialista revolucionario.