En el sistema capitalista, la fuerza de trabajo humana es una mercancía más que, al igual que el resto, está sujeta a la ley de la oferta y la demanda. La incapacidad del capitalismo para proporcionar pleno empleo genera paro, el “ejército de reserva del capital”, como lo denominó Marx. Este exceso de oferta de mano de obra en el mercado laboral (el paro) provoca la caída de su precio (los salarios). Además, actualmente el capital cuenta a su favor, en mayor medida que en el pasado, con un ejército de reserva global que favorece las deslocalizaciones y la inmigración masiva.

El boom económico que siguió a la Segunda Guerra Mundial se agotó a mediados de los años 70 del siglo pasado, llevando al inicio del período de crisis orgánica capitalista en el que nos encontramos. Tras ese cambio de ciclo económico, la burguesía empezó a mostrar más resistencia a las demandas de los trabajadores. Los dirigentes reformistas de los sindicatos, que durante décadas se habían acomodado a una situación de crecimiento económico que parecía ilimitado, renunciaron a toda perspectiva de transformación social y su respuesta al nuevo contexto recesivo fue abandonar la lucha por nuevas reivindicaciones, el objetivo pasó a ser simplemente mantener lo que había (“hay que ser realistas”). Pero jugar a defender es la mejor fórmula para perder. Ante la falta de una respuesta contundente por parte del movimiento obrero organizado, la burguesía acabó por pasar abiertamente al ataque, haciéndonos perder derechos y conquistas del pasado. Los retrocesos provocaron que sectores del movimiento sindical interiorizasen la derrota y adoptasen como único programa la política del mal menor, el pactar los recortes.

Pero en la medida en que una dirección sindical entra en una espiral de pactos y consensos con la burguesía, se convierte en un obstáculo para la lucha de la clase obrera, lo que a su vez favorece una mayor profundización de los ataques de la burguesía. El proceso se retroalimenta hasta que la propia realidad, es decir, el deterioro de las condiciones de vida y trabajo, provoca un estallido de la lucha de clases, lo que a su vez tiene repercusiones internas en los sindicatos y favorece la sustitución de los dirigentes enfangados con la patronal y los gobiernos por otros dirigentes más cercanos a los trabajadores. Todavía no hemos llegado a este punto (aunque ya se están viendo toda una serie de síntomas claros: la crisis del IG-Metall alemán el año pasado, la victoria de los candidatos de izquierda en los congresos de toda una serie de sindicatos británicos o la ruptura del sector oficialista de CCOO), pero ésta es, desde una perspectiva histórica, la evolución que sufrirá el movimiento sindical.

El chantaje de

la deslocalización

El movimiento sindical se enfrenta ahora con el chantaje de la deslocalización: o se aceptan recortes, o la empresa se va porque “no se es lo suficientemente competitivo”. Pero las deslocalizaciones no tienen nada que ver con la rentabilidad de las empresas. La planta que Philips se lleva de Catalunya obtuvo en 2002 diez veces más beneficios que el objetivo marcado. Por tanto, el quid no es la rentabilidad en sí, sino que las diferencias de costes laborales, tanto directos como indirectos, entre unos países y otros (unido a otros factores, como pueda ser la especulación urbanística con los terrenos) les hacen prever a las empresas unos beneficios todavía mayores.

En coherencia con la acción sindical que se viene practicando, los dirigentes sindicales se muestran proclives a negociar los recortes. Esta puede parecer la alternativa más realista, pero en realidad es un callejón sin salida porque las diferencias salariales entre los países occidentales y los del este de Europa o los subdesarrollados son tan enormes que hacen imposible que los recortes que podríamos aceptar los trabajadores occidentales tengan el suficiente atractivo para desincentivar la voluntad de la empresa de marcharse. ¿Hasta dónde tendría un trabajador de Samsung que aceptar el recorte de sus salarios y conquistas para desincentivar a su empresa de marcharse a Eslovaquia, donde el salario medio del sector son 300 euros mensuales? ¿Y una trabajadora de la conserva gallega ante los salarios de poco más de 7 euros diarios en Centroamérica?

Aceptar voluntariamente los recortes lo único que garantiza es que mañana te exijan más y que, después de haber aceptado sacrificios, acabes teniendo el mismo problema y estando en peores condiciones para afrontarlo que al principio.

¿Responsabilidad social

de las empresas?

Las deslocalizaciones son a todas luces injustas e inmorales, sí, pero son legales. Y lo son porque la sociedad capitalista está articulada pensando en los beneficios. Por eso el problema tampoco se va a solucionar apelando a la “responsabilidad social” de las empresas, como se está poniendo de moda últimamente. Toda la historia del movimiento obrero demuestra que, lamentablemente, para cambiar las cosas no basta con tener razón. El intentar convencer a los empresarios de que tienen la obligación moral de tener en cuenta los intereses de sus trabajadores, o incluso de que tenerlos en cuenta le conviene a las empresas, es una pérdida de tiempo y una auténtica quimera en un marco de crisis orgánica del capitalismo como el actual.

Los avances históricos de la clase obrera no se consiguieron enterneciendo a los capitalistas, sino obligándoles por la fuerza de la lucha a hacer concesiones. Por tanto, lo decisivo a la hora de defender nuestros intereses de clase es el nivel de conciencia, organización y disposición a luchar de los trabajadores, ésta es la clave de lo que depende todo lo demás. Más allá de sus resultados económicos o laborales inmediatos, una lucha obrera habrá sido positiva si ha ayudado al aumento de ese nivel de conciencia, organización y disposición a luchar. Su disminución, aunque haya habido pan para hoy, siempre anuncia hambre para mañana.

El sindicalismo, en la encrucijada

Las deslocalizaciones colocan al movimiento sindical en una encrucijada. La única alternativa para salir de ella es el aumento de las luchas generales de la clase obrera y el desarrollo de la faceta política anticapitalista de la lucha sindical. Los problemas que afronta la clase obrera mundial no son un fenómeno de la naturaleza, como la nieve o el viento, sino que son consecuencia de las decisiones tomadas por aquellos que hoy rigen este sistema con el único objetivo de maximizar el beneficio. Las grandes cuestiones que hoy afronta el movimiento obrero (competitividad, deslocalizaciones, globalización económica, etc.) sólo pueden encontrar una respuesta positiva para los trabajadores si se combate el poder del capital.

Inevitablemente, cualquier actuación de un sindicato de masas tiene consecuencias políticas, es decir, no puede ser neutral políticamente. Por tanto, lo lógico es decidir conscientemente qué consecuencias políticas debe tener la acción sindical. No introducir esta variable política sólo puede significar hacerle favores a la derecha (que aunque sean involuntarios, no por ello son menos dañinos).

Un sindicato sólo puede defender coherentemente los intereses históricos de la clase obrera si posee una componente política revolucionaria. Para ser algo más que una asociación de trabajadores, un sindicato tiene que contribuir a la lucha por la transformación socialista de la sociedad. Esto sólo lo puede garantizar una dirección sindical marxista, cuya construcción es la tarea principal de los sindicalistas comprometidos con El Militante porque comprendemos, como dijo Lenin, que “el capitalismo es horror sin fin”, que todos los problemas que hoy padece la humanidad se reducen, en última instancia, a un solo dilema: socialismo o barbarie.

Xaquín García Sinde

Comisión Ejecutiva de CCOO de Galicia